La segunda de las mesas versó sobre el ‘Autobús como agente esencial para la vertebración’, con la participación de tres directores generales autonómicos de Transportes: Laura Paredes (Castilla y León), Rubén Sobrino (Castilla-La Mancha) y Manuel Ríos (Generalitat Valenciana).
Paredes explicó que Castilla y León “tiene mucho territorio y sólo 25 habitantes/km2”, añadiendo que sus 2,37 millones de habitantes habitan 6.000 núcleos de población, pero que “3.888 de ellos tienen menos de 100 habitantes”, recordando que “todos tienen derecho a la movilidad sostenible”.
'El transporte público en autobús supone el 4º pilar del estado del bienestar'
A su juicio, “el transporte de viajeros es social, económico y ambiental. Es el modo dominante y por eso se fija un modelo deficitario (90% de las rutas), pero vital. La Administración lo considera un servicio público esencial, por Ley, que requiere una dotación financiera correspondiente”. Además, recordó que en esta región llevan ya “20 años de transporte a la demanda, está en marcha la integración del regular y el escolar, y en 2021 se articuló un bono rural gratuito para ese transporte a la demanda”.
Paredes concluyó esperando que “la Ley de Movilidad tenga en cuenta esta movilidad rural a nivel financiero, que llegue a todos y todas, y que se coordinen los mapas para que se sigan prestando los servicios (en algunas rutas la media es de sólo 10 viajeros/km)”, mostrando su deseo de que “contemple no sólo el urbano, sino también el interurbano y el rural”.
Por su parte, Rubén Sobrino explicó que en Castilla- La Mancha “el transporte público en autobús supone el 4º pilar del estado del bienestar, pues facilita el acceso a los servicios públicos básicos. Es imprescindible y conecta capitales de provincia con las de comarca, allí donde no llega el tren”, poniendo como ejemplo que en Cuenca, tras la eliminación de algunos servicios ferroviarios y su sustitución por autobuses, la demanda se ha incrementado por nueve a una cuarta parte del coste, por lo que “es un modelo en el que se podría profundizar”.
El transporte público “debe garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. El Estado está financiando algunas concesiones en las zonas rurales y creo que esa es la senda”, aunque la eficiencia y eficacia en el sistema, su sostenibilidad, “no sólo procede de los vehículos sin emisiones, sino que todo el sistema en su conjunto debe ser sostenible. Para ello, la financiación debe ser suficiente, independientemente de quién tenga que realizar las aportaciones”.
Y Manuel Ríos concluyó la mesa explicando que en la Comunidad Valenciana “también tenemos España vaciada, porque la población está muy concentrada. Ya destinamos 50 millones de euros al año de subvención de la movilidad”, pero ahora toca “buscar criterios de financiación que se adapten a la realidad”, concluyendo que “el transporte a la demanda debe ser incorporado al ordenamiento de forma mucho más concisa”.
Los beneficios para los usuarios
Este fue el título de la tercera de las mesas de la Jornada, en la que tomaron parte Diego Buenestado (CCOO), Francisco Vegas (UGT) y Gustavo Samayoa (de la organización de consumidores FUCI).
Éste último comenzó demandando “transparencia en la Ley, para que los usuarios también participen en la gestión del transporte, y formación, fundamental también para que los agentes de las empresas den el mejor servicio”. Samayoa reclamó “igualdad de género en materia laboral, accesibilidad para todos, y que el autobús sea atractivo, viable y accesible”.
Vegas centró su intervención en un ‘transporte justo’, en el que “la empresa logre beneficios, por supuesto, pero también que los profesionales tengan unas condiciones adecuadas y que sea asequible para los ciudadanos”. Expuso que “liberalizar un corredor podría ser una buena medida en lo económico, pero no sería justo, porque el sistema concesional se basa en ese equilibrio financiero. Si separamos corredores…”, añadiendo que “la movilidad debe ser sostenible, pero también atractiva, con frecuencias y horarios adecuados, porque si no, los usuarios no utilizarán el servicio”.
El representante de UGT también dejó otros mensajes, como que se evite que algunas de las ofertas que concurren a los concursos “no se ajustan, por lo que la licitación ya está induciendo a los problemas posteriores”, incidiendo en que “no hay escasez de conductores, sino de condiciones” y en el hecho de que “la edad de jubilación debe anticiparse”.
Y Diego Buenestado retomó ese mismo hilo para, después de defender el modelo concesional (“es garantista para todos los ciudadanos y compensa las líneas deficitarias”, apostar por la seguridad laboral, algo complicado con 50 convenios provinciales y “dignificar la profesión. Personas con más de 60 años tendrían que poder jubilarse”.
