Desde el pasado 20 de agosto, todos los camiones y autobuses matriculados en países de la Unión Europea, así como en Suiza, Reino Unido, Islandia y Noruega, que realicen transporte internacional, están obligados a incorporar el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación (G2V2), independientemente de su fecha de matriculación.
La medida forma parte del paquete de movilidad aprobado por la UE en 2020, cuyo objetivo es reforzar el control sobre el cumplimiento de la normativa social y de transporte, especialmente en lo relativo a los tiempos de conducción y descanso. Esto ha supuesto que más de un millón de vehículos en Europa hayan tenido que sustituir sus antiguos tacógrafos analógicos o digitales.
Excepciones que generan desigualdad
Sin embargo, esta obligación no afecta a todos los vehículos que circulan por la UE. Según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), los camiones y autobuses de países terceros adheridos al acuerdo internacional AETR —como Rusia, Turquía, Georgia, Moldavia y Armenia— podrán seguir operando en territorio europeo con sus tacógrafos actuales, aunque no sean inteligentes.
La misma situación se da con los vehículos de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, países que forman parte de la comunidad del transporte (TCT) pero que aún no han incorporado plenamente la normativa europea a su legislación nacional.
Riesgos para el control y la competencia
Esta situación podría dificultar la labor de inspección en carretera y, según Fenadismer, generar un desequilibrio competitivo entre las empresas europeas obligadas a cumplir con la normativa y las de terceros países, que continúan circulando con dispositivos menos avanzados.
