El TGDC expresa así su desacuerdo con los criterios utilizados en la adjudicación de las concesiones de transporte. Aun reconociendo que en el sector funciona el libre mercado y hay suficientes compañías para que el nivel de concentración sea "reducido", el TGDC aprecia obstáculos a la entrada de más compañías que quieran hacerse con un servicio de este tipo, por lo que recomienda cambiar las reglas de juego. El organismo apuesta por permitir las prórrogas de los contratos -una vez finalizados- sólo en los casos "en los que esté plenamente justificado".
Entre las propuestas del tribunal para remediar esta situación figura la subvención de las líneas menos rentables. Competencia apuesta así por otro sistema alternativo para evitar que las concesiones se vuelvan poco atractivas para las empresas y que se pueda dar el caso de que no se presentan ofertas para su gestión. Se propone unificar dentro de una misma concesión líneas que actualmente se prestan con contratos diferentes, compensando recorridos menos rentables con otros que lo sean. Incluso, "subvencionar directamente" a las compañías con concesiones que se queden cojas en viajeros.. Para el Tribunal es fundamental incentivar la participación del mayor número posible de empresas en los procesos de concesión y que haya "posibilidades reales" de hacerse con una línea.
Otra de las propuestas del Tribunal radica en desvincular el transporte escolar de las concesiones. Como algunas líneas son deficitarias (por el poco volumen de usuarios), para compensar, las empresas que las explotan tienen derecho de preferencia para hacerse con el contrato de transporte escolar -que cuenta con una subvención que garantiza los beneficios- en las zonas donde ya operan con un servicio de transporte ordinario.
Contemplado en la nueva normativa
Fuentes de la Consellería de Política Territorial sostienen que la problemática ya ha sido tenida en cuenta en el marco legal que se está desarrollando actualmente en Galicia, que se encuentra en proceso de aprobación tras la presentación del borrador. La futura normativa incluye, según las mismas fuentes, medidas para garantizar tanto la competitividad como el servicio a los usuarios en el Sector. La Consellería admite ser conocedora de la problemática señalada por el Tribunal de la Competencia y como tal, alega que la norma en proceso de aprobación trata de solventar, por ejemplo, aspectos como la duración de las concesiones, que será reducida a un periodo de 10 años, frente a los 50 años de vigencia que rigen algunos antiguos contratos.