Tras un corto proceso de negociación iniciado a finales de abril, la Consejería de Educación trasladó el pasado viernes 25 de mayo un ultimátum a los transportistas proponiéndoles una rebaja del 20% en el precio de los contratos si querían ver prorrogada la prestación del servicio, otorgando de plazo para contestar hasta ayer, martes 29 de mayo. En caso de no aceptar esta proposición las rutas serían sometidas a nuevo concurso público para su contratación.
Los empresarios han considerado una "falta de tacto" lanzar un ultimátum sin dar el tiempo necesario para analizar y valorar la propuesta, otorgando un plazo "casi inexistente" para contestar sobre un asunto que supone la razón de ser de muchas empresas y puestos de trabajo.
Los transportistas habían manifestado a los representantes de la Consejería de Educación que eran conscientes de los condicionantes adversos de la economía actual y estaban dispuestos a realizar un esfuerzo aunque las cifras propuestas por la administración educativa "colocan en peligro la subsistencia de muchos puestos de trabajo, obligando además a reducir la duración de los contratos de los trabajadores que continúen en la actividad, suponiendo además la vulneración de los convenios colectivos y el consiguiente aumento del desempleo".
Encuentro con el consejero de Educación
"Debido a la gravedad de la situación desencadenada los empresarios de transporte han acordado dirigirse al Consejero de Educación solicitándole una reunión urgente para tratar de reconducir esta situación, pidiéndole asimismo que paralice los procedimientos de contratación hasta tanto haber podido mantener este encuentro", informan desde la FET.
Los participantes acordaron también dirigirse al presidente del Gobierno de Canarias para poner en su conocimiento este problema originado sobre unos contratos que en la anterior legislatura se habían firmado cuando la Consejería de Educación estaba en manos de Coalición Canaria con una perspectiva de futuro amplia en el tiempo.
Los empresarios no descartaron emprender medidas de protesta en forma de cese en la prestación del servicio si finalmente no se retoman las conversaciones que permitan desbloquear las negociaciones.