Ayer tuvo lugar la II Cumbre Político-Empresarial, organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad con el objetivo de analizar y debatir sobre la actual situación de los plazos de pago en nuestro país y dentro del contexto europeo. En la Cumbre, que ha sido inaugurada por el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se ha evidenciado que España es el tercer país con mayor morosidad de la Unión Europea, por detrás de Grecia e Italia, con 99 días de media de retraso en los pagos por los servicios prestados, lo que supone una deuda comercial actual de 334.586 millones de euros. Este dato afecta muy negativamente a la competitividad de las empresas, de tal modo que supone un coste de financiación de hasta un 167% superior (ejemplo de una empresa que cobra a 120 días frente a otra que cobra a 45 días de media).
Durante la Cumbre se ha destacado también que, tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad en la que se ha establecido un plazo normalizado de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, se incorpora una norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pactado entre las partes supere los 60 días naturales. Es clara, por tanto, la voluntad del legislador de reducir los plazos de pago en las operaciones comerciales estableciéndolos de manera legal. Sin embargo, la falta de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de dicha prohibición permite, de hecho, la carencia de efecto real de la norma, provocando una mayor tensión en las relaciones comerciales.
Por todo ello, las organizaciones que componen la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad han exigido a los Grupos Parlamentarios el establecimiento de un régimen sancionador, tomando como referencia el existente en los países de nuestro sector. Así en el caso de Francia, su régimen sancionador contra la morosidad está siendo modificado en la actualidad para incrementar la cuantía de las sanciones, hasta los 350.000 euros en caso de incumplimiento, el cual será controlado mediante la dedicación de un cuerpo de 120 inspectores especializados en la lucha contra la morosidad.
En la clausura, el Secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, ha insistido en la necesidad de que se lleve a cabo un cambio cultural en nuestra sociedad en relación a la morosidad, para lo que las Administraciones Públicas deben dar ejemplo eliminando los actuales niveles de déficit que mantienen, para lo que se están aprobando diferentes leyes para actuar en dicho ámbito. Por su parte, el Director General de Industria y Empresa de la Comisión Europea, Daniel Calleja, ha recordado que la morosidad ha llevado a la quiebra en Europa a un 25% de las empresas, y en España a un 33% de las empresas, y la destrucción de más de 450.000 empleos.
