En el caso de nuestro país, se ha enviado un dictamen motivado por el que pide que se elimine la desigualdad de trato entre los prestadores de servicios de transporte escolar en Castilla y León.
Desde Bruselas se argumenta que la normativa vigente permite que los operadores que ya ofrecen servicios de generales de autobuses públicos reciban un trato preferencial cuando se convocan licitaciones para la prestación de transporte escolar. Para la Comisión, esta ventaja infringe claramente el principio de no discriminación y de igualdad de trato de todos los licitadores participantes en procedimientos de licitación, y es contraria a lo dispuesto en la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública y en el Reglamento (CE) nº 1370/2007 sobre las obligaciones de servicio público en el transporte terrestre. La Comisión insiste que los criterios de adjudicación del contrato son a la oferta económicamente más ventajosa o bien al precio más bajo, independiente de los demás contratos de servicios de transporte en curso. Si España no responde satisfactoriamente en el plazo de dos meses, la Comisión se reserva el derecho de llevarle ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Entre otras decisiones, la Comisión también ha acordado llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por infringir la normativa medioambiental de la UE al no haber hecho una evaluación de impacto ambiental adecuada para a un proyecto de línea ferroviaria entre Sevilla y Almería.
Otros países
La CE también ha decidido enviar toda una serie de dictámenes motivados (segunda fase del procedimiento de infracción) a varios países. Si esos países no responden satisfactoriamente a los dictámenes motivados en el plazo de dos meses, la Comisión se reserva el derecho de llevarles ante el Tribunal de Justicia de la UE. Así, la Comisión Europea ha enviado dictamen motivado a Irlanda, Portugal, Eslovenia y el Reino Unido exigiéndoles que adopten las medidas necesarias para la correcta aplicación de la denominada "Directiva de la Euroviñeta". También ha enviado dictamen motivado a Italia y Polonia exigiéndoles que adopten las medidas necesarias para la correcta aplicación de los derechos de los pasajeros de autobuses y autocares (Reglamento (UE) nº 181/2011). Esto se debe que las autoridades nacionales designadas por ambos países para supervisar la aplicación efectiva de las normas no pueden, en su forma actual, garantizar su cumplimiento. Dichos Estados miembros tampoco habrían establecido un sistema de sanciones para garantizar que la normativa se respete plenamente. Además, no habrían presentado la lista de estaciones de autobuses en las que los pasajeros con discapacidad y movilidad reducida puedan recibir asistencia adecuada.
A su vez, la Comisión ha enviado dictamen motivado a Lituania y Luxemburgo, así como a Bélgica y Portugal, por diversas exigencias en el ámbito ferroviario.
