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Fenadismer lamenta una ‘nueva cruzada de la Generalitat contra los transportistas en las carreteras catalanas’

sábado 20 de diciembre de 2014, 01:00h

"La Generalitat de Cataluña pretende incrementar su campaña de acoso contra los camiones que circulan por las carreteras catalanas que ya inició el pasado año 2013, cuando acordó la prohibición absoluta de circulación a los camiones en casi 100 kilómetros de la N-II en la provincia de Girona hasta la frontera francesa, obligándoles a circular por la autopista de pago AP-7".

Los transportistas exigen una vía alternativa a la AP-7 que sea libre de pago.
Los transportistas exigen una vía alternativa a la AP-7 que sea libre de pago.

Así empieza el comunicado de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, entidad que recurrió la mencionada decisión de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pendiente de pronta resolución judicial.

Asimismo, el pasado mes de septiembre, la Consejería autonómica de Territorio y Sostenibilidad anunció la próxima prohibición de circulación a camiones en más de 40 kilómetros de la N-240 a su paso por la provincia de Lérida, estando previsto que los transportistas tengan que utilizar obligatoriamente la autopista de peaje AP-2.

"En una nueva ‘cruzada’ contra el sector del transporte por carretera, el Gobierno catalán plantea ahora nuevas prohibiciones a la circulación de camiones. En concreto, en más de 70 kilómetros de la N-340 a su paso por la provincia de Tarragona, lo que afectaría  a los más de 3.500 vehículos de transporte pesados que diariamente utilizan dicha vía (aproximadamente el 20% del total de los vehículos que circulan por la N-340), obligando a los transportistas a utilizar la autopista AP-7, la cual curiosamente ha reducido el número de usuarios en los últimos tres años en dicho porcentaje del 20%", señalan desde Fenadismer.

Por ello, la federación y sus organizaciones catalanas "rechazan de plano esta nueva prohibición que se pretende introducir, que sólo aceptarían si se les ofrece a los transportistas una vía alternativa libre de pago, por lo que de no producirse estudiarán las medidas de respuesta a adoptar contra dicha decisión".