Lazcano elevó la voz para solicitar una financiación "estable y suficiente de las carreteras españolas", que son a su juicio un "servicio público de primera categoría", para lo que sería necesario el pago por uso de la infraestructura, un discurso que ya ha mantenido en reiteradas ocasiones en el pasado reciente, aunque con escaso éxito.
Sin embargo, mantiene su empeño pidiendo una planificación de la conservación de las carreteras, lo que entiende que se traduciría en una reducción de los costes y una mayor prolongación de la vida útil de las infraestructuras, añadiendo que soportan el 90% del tráfico de viajeros en España y el 80% de las mercancías.
Reacción contraria, de nuevo
CETM y Fenadismer no tardaron en emitir sendos comunicados rechazando "rotundamente" la propuesta de Lazcano. La Confederación considera que "la medida es interesada, pues favorece claramente los intereses de las constructoras representadas por Lazcano, e injusta, pues incide de forma desproporcionada sobre el transporte de mercancías por carretera". Además, "la implantación de nuevos peajes comportaría efectos dañinos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, al encarecer innecesariamente el precio de todos los productos, afectando de forma negativa tanto a los fabricantes, que verían incrementados sus costes, como a los consumidores finales, al reducirse su poder adquisitivo, dificultando en definitiva, el cambio de ciclo económico en el que nos encontramos y la salida definitiva de la crisis", apuntan desde CETM.
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), recuerda que "no es la primera vez que tanto la propia CEOE como sus organizaciones integrantes abogan por la necesidad de establecer peajes o tasas por la utilización de las carreteras en España, en un intento de favorecer los intereses de las empresas constructoras en perjuicio del Sector del transporte por carretera". La ‘nueva’ propuesta pretende "introducir el pago por la circulación de vehículos en la actual red de carreteras de alta capacidad actualmente libre de peaje, lo que supone un total de 4.445 kilómetros de vías afectadas, de las que 2.806 corresponden a la red estatal y 1.639 son de titularidad autonómica, con los que se estimaba obtener unos ingresos de casi 2.000 millones de euros anuales".
Fenadismer "reitera su rechazo absoluto a dicha propuesta por resultar totalmente discriminatoria para el transporte por carretera frente a los otros modos de transporte, ya que en la actualidad las empresas del Sector ya contribuyen con más de 11.000 millones de euros anuales, mientras que los otros modos de transporte (esto es, el transporte ferroviario, el marítimo y el aéreo) tiene reconocida una exención total en la tributación sobre los carburantes que consumen, lo que supone que aportan nada a la Hacienda Pública".
