"Hemos logrado adoptar un documento muy técnico, tecnológico e ideológico", atestiguó el ponente del texto legislativo, Nils Torvalds (Finlandia), tras el voto favorable del Parlamento. El proyecto de ley había sido anteriormente acordado de forma informal con los ministros de la UE.
No obstante, Torvalds discutió durante el debate si la regla es tan estricta como debería y agregó: "Nuestro objetivo era mucho más ambicioso, tanto en términos de reducción de gases de efecto invernadero como de progreso tecnológico. Si Europa no da un paso hacia adelante, se quedará rezagada. Tenemos también un problema sistémico con una minoría de bloqueo en el Consejo, que en ocasiones se constituye en una dictadura de la minoría, con estados miembros que tienen miedo del futuro".
La nueva ley establece que los combustibles de primera generación (obtenidos a partir de cultivos en tierra agrícola) no deberían sumar más del 7% del gasto energético del transporte en 2020.
Además, los distribuidores de combustible deberán informar a los países y a la Comisión del nivel estimado de gases contaminantes causados por el "cambio indirecto en el uso de la tierra" (ILUC, en inglés), es decir, liberar más terreno para el cultivo de alimentos y compensar así lo destinado a la producción de biocombustibles.
Por su parte, la Comisión deberá publicar los datos de emisiones ILUC, así como comunicar los datos al Parlamento y al Consejo sobre el impacto de incluir las cifras de emisiones ILUC en los criterios actuales de sostenibilidad.
En un plazo máximo de 18 meses tras la entrada en vigor de la directiva, los estados miembros deberán determinar un objetivo nacional del peso de los biocombustibles avanzados(por ejemplo, los procedentes de algunos tipos de deshechos, así como los obtenidos de fuentes alternativas como las algas) en relación al total utilizado por el transporte. Los estados miembros tienen hasta 2017 para adoptar la legislación.
