Con el objetivo de impulsar medidas comunes contra el dumping social que en la actualidad sufre el sector del transporte por carretera, el Parlamento Europeo, a través de la Eurodiputada española Izaskun Bilbao, ha interpelado a la Comisión Europea sobre la necesidad de promover con carácter urgente un paquete legislativo a nivel europeo que haga frente a dicho problema.
Revisión de las normas europeas
Desde la Comisión Europea han manifestado su voluntad de adoptar propuestas relativas a la revisión de la reglamentación europea sobre el acceso al ejercicio de la profesión de transportista por carretera y sobre el acceso al mercado de transporte internacional de mercancías por carretera “para el segundo trimestre de 2017”, lo que previsiblemente se llevará a cabo este mes de mayo.
Comisión Europea: “mejorar las normas con objeto de evitar fraudes y abusos"
El objetivo de esta reforma legislativa es, según la Comisión Europea, “mejorar las normas con objeto de evitar fraudes y abusos, como la creación de sociedades ficticias, también llamadas empresas fantasmas”. En este sentido, la Comisión Europea considera necesario actuar contra las empresas deslocalizadas que se establecen en otros Estados miembros a los únicos efectos de obtener unos menores costes sociales y fiscales, pero que en la práctica continúan operando en sus países originales. Para luchar contra el fraude, la Comisión va a establecer una nueva regulación que obligue a las empresas transportistas que se establezcan en un Estado miembro a “tener una presencia y actividad concretas en dicho país”.
Asimismo, la Comisión Europea insiste en la necesidad de que las autoridades nacionales de los diferentes Estados miembros cooperen “más estrechamente para descubrir sociedades ilegales y adoptar las medidas necesarias para evitar que tengan acceso al mercado”.
Por otra parte, en relación a la normativa sobre desplazamiento de los trabajadores, la Comisión Europea considera necesario “aclarar y simplificar las normas de la UE para hacer frente a las dificultades jurídicas y prácticas que plantee su aplicación, como consecuencia de las diferentes regulaciones planteadas hasta la fecha por los Estados miembros que ya han traspuesto dicha regulación europea.