El objetivo con dicha Ley preparatoria sería facultar a la Administración española para adoptar medidas inmediatas ante cualquier eventualidad, que permitan dar continuidad a las relaciones, tanto comerciales como de circulación y tránsito, entre España y Reino Unido a partir del 30 de marzo.
Debe tenerse en cuenta que, si bien el Gobierno británico y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo este pasado fin de semana para establecer un periodo transitorio de adaptación, sin embargo, dicho acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento británico el próximo 11 de diciembre, sin que hasta la fecha el Gobierno británico cuente con mayoría suficiente para sacarlo adelante, lo que podría abocar a una ruptura drástica de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. En este sentido, la Comisión Europea ha publicado una comunicación dirigida a todos los organismos europeos y nacionales, bajo el título ‘Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019: plan de acción de contingencia’.
Todo ello, traerá como consecuencia una importante ralentización de la fluidez de los intercambios comerciales
En la referida Comunicación, la Comisión señala la necesidad de prever las medidas que serían necesarias para atenuar los efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo de retirada, ya que “todo el derecho primario y secundario de la Unión Europea dejara de aplicarse al Reino Unido y los efectos de retirada se materializarán a partir de la fecha de la retirada” lo que hace necesario prever “un número limitado de medidas de contingencia para paliar perturbaciones en determinados ámbitos”.
Entre los ámbitos de especial importancia destacan los relativos a los ciudadanos, los servicios financieros, el transporte aéreo, el transporte por carretera y las aduanas. Por lo que se refiere al transporte por carretera, a partir de la fecha de salida del Reino Unido, los derechos de acceso al mercado de los transportistas quedarían limitados, “lo que permitiría mucho menos tráfico que el que actualmente tiene lugar entre la Unión y el Reino Unido”. Asimismo, las mercancías que se introduzcan en la Unión Europea procedentes del Reino Unido se trataran como importaciones y las mercancías que salgan de la Unión Europea a dicho país como exportaciones, por lo que estarían sujetas a la exacción de determinados derechos e impuestos, como son los derechos de aduana, el impuesto sobre valor añadido y los impuestos especiales a la importación, siendo también aplicable en las fronteras “el requisito de la presentación de las declaraciones aduaneras a las autoridades aduaneras y la posibilidad de someter a control los envíos”.
Todo ello, traerá como consecuencia una importante ralentización de la fluidez de los intercambios comerciales, sobre todo por la actual densidad de tráfico de mercancías existente entre la Unión Europea y el Reino Unido, teniendo en cuenta que en la actualidad es el quinto país destinatario de las mercancías transportadas desde España.
