Todos los agentes del sector del transporte de mercancías son "absolutamente conscientes de la gravedad de la emergencia medioambiental", según afirman, tienen la "firme voluntad de colaborar propositivamente y ser parte activa de la lucha contra el cambio climático", tanto en la definición del nuevo paradigma industrial, como en las acciones necesarias a definir, desarrollar e implantar conjuntamente con ciudadanía y las Administraciones implicadas.
Como sector estratégico y capital para la distribución y suministro de todos aquellos bienes y servicios esenciales para el funcionamiento del tejido industrial y social del país, es necesario poner de manifiesto que la actual Ordenanza no avanza en la definición de un nuevo modelo de distribución urbana, ni en un modelo propositivo de gestión del transporte y la logística urbanas, sino que sólo penaliza el modelo actual, con la inclusión de excepciones que continuarán contaminando de la misma manera que hasta el momento, sin construir una alternativa, aportar un nuevo modelo de funcionamiento o un escenario en el que se estimen realidades de funcionamiento que sean implantables a escala industrial al mismo tiempo que mejoren la calidad de vida de las zonas urbanas.
El redactado actual de la Ordenanza establece que, a partir del 1 de enero del 2021, los vehículos de transporte de mercancías sin distintivo medioambiental no podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (95km cuadrados), y consecuentemente los transportistas que no hayan podido cambiar el vehículo no podrán seguir desarrollando su labor profesional. Hecho que preocupa profundamente al sector del transporte y la distribución.
El Ayuntamiento de Barcelona, la AMB y la Generalitat de Catalunya, estiman un escenario imposible y excluyente que no ha sido acompañado de un plan real de implantación industrial. La moratoria actual de un año que establece la Ordenanza, afectará por completo al transporte de mercancías, y es un tiempo insuficiente para la renovación de las los vehículos, en base a las premisas siguientes:
1. No existe en el mercado alternativa tecnológica real para los vehículos pesados, que necesariamente deben ser propulsados por derivados del petróleo
2. Es necesario permitir y estimular la reconversión y adaptación de los vehículos industriales actuales para garantizar el correcto funcionamiento de la distribución urbana con políticas activas por parte de las Administraciones en las nuevas necesidades medioambientales
3. Esta ordenanza implica la sustitución de decenas de miles de camiones y furgonetas sin un plan industrial de reconversión de las mismas (la Memoria de Impacto Económico del Proyecto de la Ordenanza define una afectación del 56% de vehículos ligeros yd el 59% de vehículos pesados, censados en Barcelona y dedicados al transporte de mercancías)
4. No se analiza la adaptación real del sector del transporte de mercancías, que está formado por autónomos y PYMES, y que carece de la capacidad financiera necesaria para hacer frente a tan tremendo hito, (un coste de media por vehículo de 30.000€ para vehículos ligeros y 120.000€ para pesados)
5. No hay seguridad jurídica con el actual redactado de la Ordenanza. La Administración no garantiza que los vehículos que hoy se adquieran puedan circular por la ZBE en los próximos 4 años
Las previsiones actuales ponen de manifiesto que a partir del 1 de enero de 2021 miles de autónomos y PYMES no habrán podido hacer frente a la renovación de vehículos, sin que éstos hayan podido ser reconvertidos a las nuevas necesidades medioambientales, y deberán abandonar la profesión.
