Las palabras de Mena se basan en que, a su juicio, estas diferencias son “un problema que dificulta enormemente la actividad de las empresas y genera inseguridad jurídica”.
La instauración de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en un total de 149 municipios de más de 50.000 habitantes para antes de 2023 (además de otras poblaciones específicas de más de 20.000) y su impacto sobre el transporte urbano de mercancías también fueron objeto de debate. Tena apuesta por que el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible favorezca “la armonización en las reglas de acceso de los vehículos de distribución de mercancías a las ZBE”.
“La heterogeneidad en las regulaciones de acceso al centro de las ciudades impide a las empresas realizar su actividad con normalidad y genera inseguridad jurídica”, ha advertido Tena, añadiendo que la actividad reguladora actual muestra que la distribución urbana de mercancías “es una cuestión crítica, en la que deben trabajar empresas y Administración en común”.
Transición Ecológica
El Congreso también recibió una intervención grabada de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que puso el acento en la “necesaria colaboración de la Administración con empresas y Ayuntamientos para crear ciudades más vivas, limpias y sanas, y con prestaciones de calidad”.
Todos coinciden en que se necesita colaboración y compartir experiencias en el diseño de las ZBE
La que sí estuvo presente fue la subdirectora general de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial del Ministerio, Marta Muñoz, siendo la encargada de recordar que son los ayuntamientos los que delimitarán las ZBE y decidirán qué medidas deben aplicar y qué vehículos tendrán el acceso restringido. En cualquier caso, quiso remarcar que “es necesaria una coordinación supramunicipal para la distribución urbana de mercancías” y que la Ley de Movilidad Sostenible favorecerá la creación de criterios “lo más homogéneos posibles” para la entrada del transporte de mercancías en las distintas ciudades.
Las ZBE, a debate
El Congreso de Smart Distribution albergó una mesa redonda con los responsables de movilidad de algunas de las principales ciudades españolas, que compartieron sus planes en la aplicación de la ZBE en sus municipios.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, mencionó que “necesitamos una transición energética y no una ruptura de modelo”, y bajo esta premisa se ha diseñado la actual Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de la capital, en la que las restricciones al acceso de vehículos no se aplican para el transporte de mercancías. “La distribución urbana de mercancías supone un 6% del PIB de Madrid y genera 120.000 empleos, por lo que no creemos que sea buena idea asfixiar su actividad y apostamos por darle un trato diferente al del vehículo privado”.
Ayudas para ZBE
Como son los consistorios quienes deciden, el Gobierno propone una serie de
ayudas económicas.
Por su parte, el director de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Adrià Gomilla, ha remarcado que, desde la aplicación de la ZBE en la ciudad, que comenzó en 2017, se han reducido unos 600.000 desplazamientos diarios en los vehículos más contaminantes, a lo que se suma que la circulación de vehículos con etiqueta medioambiental A ha pasado del 20% del total al 3% actual.
La jefa de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Ruth López, expuso el plan que está preparando la ciudad para la aplicación de su ZBE, del que destacó que es “importante que todas las ciudades analicemos qué estrategias funcionan y aplicar las medidas más exitosas para la reducción de emisiones”.
Por último, la concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha puesto en duda la necesidad de que municipios como Zaragoza, “con menos población que las grandes ciudades del país y sin problemas de calidad de aire”, tengan la obligación de aplicar medidas como el diseño de una ZBE. “Lo marca la Ley y lo cumpliremos, pero con una visión diferente, con medidas menos agresivas para los ciudadanos y para la actividad económica”, como la renovación de la flota de transportes públicos.
