Como mencionó Fenadismer en ocasiones, en los últimos años la Generalitat de Cataluña, en connivencia con el Gobierno central, ha venido aplicando en los últimos años una política de expulsión de los vehículos pesados de las carreteras catalanas, obligando a su desvío a las autopistas de peaje, en concreto a las autopistas AP-7 y AP-2 en la totalidad de las provincias catalanas, las cuales son gestionada actualmente por Acesa, filial de la multinacional Abertis.
'Para compensar a los transportistas afectados por dichas medidas, el Gobierno central modificó en 2013 y 2018 mediante Reales Decretos'
Para compensar a los transportistas afectados por dichas medidas, el Gobierno central modificó en 2013 y 2018 mediante Reales Decretos las concesiones de ambas autopistas de peaje por ser de titularidad estatal, estableciendo una bonificación que oscilaba entre tan sólo el 35 y el 50% del importe del peaje en función del trayecto a recorrer.
Sin embargo, tras el levantamiento temporal de las restricciones a la circulación como consecuencia de la crisis sanitaria para facilitar su actividad, lo que ha conllevado también la eliminación de los desvíos obligatorios a los camiones en Cataluña, ha supuesto que, sin aviso previo y desconociéndose desde que fecha, se haya procedido sorprendentemente a la eliminación automática de las bonificaciones a los miles de transportistas que continúan transitando por dichas autopistas.
Lo más sorprendente de esta inexplicable decisión es que, lejos de informar institucionalmente de algún modo por parte de la concesionaria a los transportistas afectados, bien al contrario a fecha de hoy continúa publicitando en su página web los referidos descuentos, como ha podido comprobar Fenadismer, induciendo de este modo a error y engaño a sus usuarios, que continúan utilizando dicha autopistas en la creencia de que dichos descuentos persisten, desconociendo que desde las últimas semanas la tarifa que se les está cobrando es de nada menos que hasta 60 euros por viaje en el trayecto completo hasta la frontera de la Junquera.
Ceremonia oscurantista
Pero a dicha “ceremonia del oscurantismo” también están contribuyendo tanto la Generalitat de Cataluña como el Ministerio de Transportes, porque ni en el Boletín Oficial ni sus webs oficiales hacen referencia alguna al supuesto acuerdo o decisión por el que dejan sin efecto dichas bonificaciones a los transportistas, pese a que el Real Decreto regulador de dichas bonificaciones obliga tanto a la Administración General del Estado como a la empresa concesionaria “a tomar el máximo interés en la difusión entre los usuarios de los vehículos pesados, de las condiciones y ventajas de la medida”.
Además en pleno agravio y desconsideración hacia el sector del transporte por carretera, sorprendentemente se mantienen las bonificaciones que el Decreto antes citado contemplaba para los vehículos particulares, que encima alcanzan el 100% de bonificación a diferencia del 50% máximo del que disfrutaban los transportistas.
Ello supone a juicio de Fenadismer un abuso y un incumplimiento grave de la vigente ley general de publicidad por parte de la empresa concesionaria y una indefensión e inseguridad jurídica hacia los transportistas afectados por parte de ambas Administraciones, lo que ha motivado la interposición de las correspondientes denuncia tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como al Defensor del Pueblo.
