Además, tal como señalan desde Fenadismer, la sentencia da la razón a los transportistas en lo referente a la no limitación temporal de los efectos de la sentencia, "ante la actuación deliberada del Estado español al haber mantenido durante más de 10 años la vigencia de dicho impuesto contrario al derecho comunitario".
"En este sentido, el Tribunal de Luxemburgo declara claramente que el impuesto denominado coloquialmente ‘céntimo sanitario’ vulnera la Directiva comunitaria sobre Impuestos Especiales, por considerar que carece de una finalidad específica y teniendo, por el contrario, una finalidad meramente presupuestaria", continúan fuentes de Fenadismer.
Como la sentencia deja claro que no procede limitar en el tiempo los efectos de la misma, desde la federación señalan que "será necesario iniciar una valoración jurídica sobre el camino a recorrer, así como valorar la situación de los procedimientos ya iniciados contra la Administración y los nuevos cauces jurídicos que puedan plantearse respecto de aquellos que no hubieran presentado con anterioridad a la sentencia reclamación alguna."
Según las estimaciones de Fenadismer, las cifras totales a reclamar correspondientes a los últimos cinco años por cada vehículo de transporte pueden alcanzar los 16.000 euros en el caso de un camión y de 14.000 euros en el caso de un autobús, lo que supondría una devolución total al Sector del transporte por carretera en torno a 2.300 millones de euros.
CETM
Por su parte, la CETM ha emitido un comunicado en el que valora positivamente la sentencia del Tribunal, destacando el "carácter retroactivo" de la sentencia "porque entiende que el Gobierno de España no ha obrado ‘de buena fe’ al no hacer caso a varias sentencias y dictámenes anteriores en los que se advertía de la ilegalidad de este tributo".
La CETM hace mención, asimismo, a lo que España podría estar obligada a devolver como importe total recaudado con este tributo especial (que el propio Gobierno español ha calculado que asciende a los 13.000 millones de euros sólo en el período comprendido entre 2002 y 2011), tal y como se viene reclamando con insistencia desde el Sector del transporte por carretera.
De hecho, la CETM ha facilitado a todas sus empresas de transporte afiliadas que de forma voluntaria lo han deseado, reclamar la devolución de dicho impuesto, a su juicio, "indebidamente cobrado".
Astic
También Astic ha informado, a través de una nota, que ha activado todos "los mecanismos jurídicos y administrativos a su alcance para que el Gobierno de España aborde la devolución de los importes recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011 a la mayor brevedad posible".
"La sentencia ratifica las advertencias realizadas por la asociación desde hace más de diez años, ya que el Tribunal de Justicia considera que tal impuesto carece de finalidad específica al ser exclusivamente de carácter presupuestaria", puntualizan desde la entidad.
Ramón Valdivia, director general de Astic, destaca que "la Fundación Francisco Corell ha realizado diversos estudios cualitativos y cuantitativos que señalan el verdadero alcance que puede tener esta sentencia. Este repago ha supuesto que nuestros asociados hayan tenido que pagar decenas de millones de euros, un dato que el alcance de esta sentencia seguro que multiplica, por lo que nos mostrarnos muy satisfechos con la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la UE".
