Sentencia

Transcalit, el Gremi de Transport y Maquinaria de la Construcciò de Cataluña, AGTC, Astac Condal y Transprime, principales asociaciones de transportistas del ámbito catalán, han acogido con satisfacción la anulación de la primera Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona por parte del Tribunal Supremo.

Cuando se publique en los próximos días la sentencia que lo declara nulo

Las sentencias contradictorias de los Tribunales en las reclamaciones obligarán al Supremo a unificarlas

Un Juzgado de lo Social ha rechazado la solicitud de nulidad promovida por un trabajador contra el ERTE por fuerza mayor de la empresa de transporte en la que trabaja, al considerar que aunque el Decreto de Alarma no incluye al transporte por carretera entre las actividades obligadas a cerrar, su actividad se ha visto limitada de forma importante.

Esta sentencia declaraba nula la Norma Foral 6/2018, que estableció una modificación de los peajes iniciales implantados en la N-I y A-15. Guitrans siempre se ha posicionado en contra de los peajes.

Fueron presentadas por CCS abogados, bufete que gestiona las reclamaciones de CETM y validadas por el juzgado de 1ª instancia de Valladolid

CCS Abogados, bufete en el cual la CETM depositó su confianza para defender los intereses de los asociados contra el cártel de fabricantes de camiones, ha conseguido la primera sentencia que se dicta en España (y también en Europa) en la cual un juzgado estima íntegramente la demanda presentada y da validez al informe pericial aportado a fin de cuantificar el sobrecoste causado por el cártel.

Como se recordará, a principios del mes de Diciembre de 2017 entró en vigor la Resolución de la Dirección General de Tráfico de 24 de noviembre de 2017 por la que se estableció la prohibición permanente de circulación de camiones en las carreteras nacionales N-232 y N-124 y su desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68, en concreto, más de 150 kilómetros de carreteras a su paso por la Comunidad Autónoma de la Rioja, afectando principalmente a los miles de transportistas que utilizan habitualmente dicha ruta para las conexiones entre el Noroeste y el Este peninsular.

Las negociaciones para aprobar el decreto ley de la estiba no consiguen un acuerdo entre las partes y el Ministerio de Fomento recuerda que la Comisión Europea no permite que la subrogación de los trabajadores del sector de la estiba se haga mediante una ley y lamenta el intento de alterar la realidad por parte del sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), que ha afirmado que los técnicos de la Comisión no lo han considerado imposible.

El ministerio de Fomento va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No comparte el criterio de este Tribunal de que el derecho a cobro pretendido por Acesa se contabilice como activo financiero.

Hace unas semanas, concretamente el pasado 26 de enero, la Sala III del Tribunal Supremo deliberó y voto los ocho primeros recursos contencioso-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, popularmente conocido como "céntimo sanitario". El sentido del fallo es estimatorio de los recursos, lo que permite la reclamación da las cantidades recaudadas de los años prescritos fiscalmente por el citado tributo.

"El robo de la mercancía es responsabilidad del transportista", este ha sido el fallo del Tribunal Supremo en un caso que marcó jurisdicción y que ha obligado a las compañías de transporte españolas a protegerse aún más contra los robos de mercancías que mueven. Según la Europol, 8.000 millones de euros en mercancías son robados cada año en Europa. La media de Francia, por ejemplo, está en 22.000 euros por cada robo cometido. Lo mismo ocurre en España, donde el coste total de los robos de mercancías se estima en alrededor de ocho millones de euros por año.

La Consejería de Educación y Cultura ha puesto en marcha los trámites para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por la sentencia de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 Mérida que declaraba nulo el procedimiento de contratación llevado a cabo para adjudicar los contratos de transporte escolar.

La Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte (Asetra) ha expresado su malestar ante los continuos retrasos que se producen en la provincia tanto en las gestiones administrativas como en los exámenes para obtener el permiso de conducir vehículos pesados. Esto, según afirman, se debe principalmente a la falta de personal en la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia, ante lo que piden una solución que ataje el problema.

Ha mantenido un encuentro con la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León para discutir sobre los peajes que las empresas de la provincia deben pagar al viajar a Madrid. Las asociaciones desean eliminar estos peajes y la consejera se ha comprometido a abordar el tema en las Cortes.

Lo cierto es que ha habido que esperar mucho tiempo para que, según parece, se llegue a una conclusión definitiva sobre las marcas que estuvieron implicadas en el ‘cártel de camiones’, allá por finales de la primera década de este siglo y la segunda.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de nuevo da la razón al Sector al declarar "parcialmente ilegal" el peaje en la N-1 y la A-15

El pasado 20 de enero ha quedado firmado el Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de los Servicios Discrecionales y Turísticos, Regulares Temporales y Regulares de Uso Especial de la Comunidad de Madrid, entre Aetram y el SLT como representantes mayoritarios del sector en la Comunidad de Madrid, para los años 2023 a 2025, inclusives.

La implantación de una tasa para los vehículos pesados a su circulación por determinadas carreteras de la provincia de Guipúzcoa no es nueva. Sin embargo, las últimas decisiones judiciales dan la razón al Sector, que podría ver cómo se le devuelve todo lo pagado durante cuatro años.

Esta nueva macroreclamación contra el cártel de fabricantes y concesionarios de venta de furgonetas, turismos y derivados en España

En abril de 2016, la Comisión Europea decidió imponer sanciones a los principales fabricantes europeos de vehículos industriales debido a la presión sobre los precios de sus camiones y las críticas, así como el retraso deliberado en la comercialización de nuevas tecnologías para la reducción de emisiones, lo que motivó la imposición de una multa récord por un importe aproximado de 4.000 millones de euros.

Desde la Febt, se ha valorado de forma satisfactoria la decisión de la Audiencia Nacional. El fallo, de 5 de mayo del presente año, deja claro que la Resolución de la CNMC se equivocó al declarar la existencia de un cártel sin tener en cuenta la realidad insular de Baleares. La insularidad impide que las empresas de transporte de las diferentes islas compitan entre sí. Como recoge la sentencia, cada isla es mercado geográfico distinto. No existe, por el contrario, un mercado geográfico autonómico en el que compitan las empresas que operan en las distintas islas. Esto hace imposible que empresas presentes en distintas islas del archipiélago balear formaran parte de un cártel para repartirse un (inexistente) mercado balear de transporte escolar.

En las últimas fechas, hemos recogido diferentes informaciones relacionadas con el impacto que está teniendo la subida del precio de la energía. Pero quizá una de las declaraciones más impactantes pueden ser las realizadas por el presidente de Monbus, Raúl López, en una entrevista recogida la semana pasada en distintos medios de comunicación, como El Periódico de Aragón o La Nueva España, entre otros.

Scania mantiene firme su posición desde el primer momento, de que “no participó” en el ‘cártel de camiones’, por el que la justicia comunitaria ha impuesto multas millonarias a los principales fabricantes de camiones que operan en la UE, razón por la que vuelve a apelar.

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a una modificación de la normativa reguladora del transporte terrestre que supone un impulso a la distribución de ‘última milla’ con vehículos eléctricos.

El proveedor Kapsch TrafficCom es el responsable de la renovación del sistema de peaje de Zarautz (Guipzkoa), es por ello que ha anunciado la finalización de una de las cuatro fases del proyecto. Ya se encuentran operativas las cinco primeras vías en sentido Donostia que han permanecido cerradas durante la fase de actualización.

En los últimos años, Fenadismer ha venido litigando en los Tribunales contra los oligopolios y prácticas anticompetitivas que ha venido sufriendo el Sector del transporte por carretera en diferentes ámbitos los últimos años.

La CETM rechaza la posibilidad de tener que tributar por las indemnizaciones en caso de accidente y espera que no se lleve a efecto

La industria carrocera nacional está atravesando un momento complicado. Así lo atestigua el secretario general de Ascabus, Agustín Gómez, que reclama que “ya es el momento de que a los fabricantes se nos considere como parte del Sector. Porque lo somos. Actualmente representamos 3.000 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, además de una experiencia de 70 años de historia que sería una pena que desapareciera. Por eso, hemos solicitado ayuda a todas las instituciones: sin apoyo, no tenemos claro el futuro”.

Seis meses ha tardado la Diputación de Guipúzcoa en ejecutar el último Auto del Tribunal Supremo que confirmó la nulidad de la norma foral que estableció los peajes a camiones y que puso en marcha en Enero 2018 tanto en la N-1 como en la A-15, anunciando que por fin este jueves a las 00 horas paraliza su cobro tras dos sentencias en contra del TSJ del País Vasco, ambas confirmadas por el Supremo.

La Diputación de Guipúzcoa sigue empecinada y ya prepara una nueva fórmula para cobrar el peaje a los camiones en la A-15 y la N-1, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia Vasco y el Tribunal Supremo los hayan declarado nulos.

Pero cobrando aún el actual, nulo por la Justicia

Sigue cobrándolos, ilegales, y multa

La Diputación se negaba a admitir la sentencia en firme del TS y la ilegalidad de estos peajes, que quiere copiar Vizcaya