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La Ley de Amnistía también podría tener incidencia en el Sector

Beneficiaría, según Fenadismer, a los causantes de los bloqueos de la AP-7 durante un mes en 2018

miércoles 15 de noviembre de 2023, 07:00h

En Octubre de 2018 vio la luz la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los principales dirigentes catalanes por el proceso independentista. Y esa decisión judicial provocó, durante un periodo de varios días, altercados y disturbios en las vías públicas y en las principales carreteras catalanas, que repercutieron muy negativamente en la operación normal del transporte por carretera.

Caos


Este fue el efecto producido por las acciones de los CDR

Desde Fenadismer se califican como “especialmente significativos y preocupantes los sucesivos cortes indiscriminados que se produjeron en la autopista AP-7 en diferentes puntos de la vía, especialmente en la frontera de la Junquera, que durante al menos un mes sufrió más de una decena de cortes diarios, en algunos casos de más de 30 horas de duración, lo que afectó a más de 20.000 transportistas cada día”, lo que conllevó a su vez “pérdidas millonarias”, razón por la que el Comité Nacional presentó entonces la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La proposición de Ley

La actualidad jurídica para por la proposición de Ley de Amnistía que se ha presentado este lunes 13 en el Congreso de los Diputados. A juicio de la Federación, de salir adelante “podría beneficiar a los causantes de estos disturbios, al prever su aplicación, como señala su exposición de motivos, a todos aquellos delitos que se hubiesen cometido entre el 1 de enero de 2012, año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista hasta este mismo mes de noviembre de 2023”.

Por lo tanto, las consecuencias de las diferentes acciones de protesta, como los sucesivos bloqueos de las carreteras catalanas, estarían incluidos en sus supuestos. Tanto es así que el artículo primero de la propuesta de ley señala que “serán amnistiados, entre otros, los desórdenes públicos u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines del proceso independentista, así como a los encausados o condenados por tal causa”.