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El transporte ligero internacional podría estar actuando ilegalmente

lunes 25 de julio de 2022, 07:00h
El transporte ligero internacional podría estar actuando ilegalmente
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Los problemas en el Sector del transporte parecen no terminar. Al menos, para los ligeros que hacen internacional

Más allá de las complicadas circunstancias en las que tienen que llevar a cabo su tarea, por el incesante incremento de los costes y las dificultades para trasladarlos a las tarifas, la normativa comunitaria también está modificando las reglas del juego.

El Paquete de Movilidad establece que, desde el pasado 22 de Mayo, aquellos transportistas titulares de vehículos ligeros con un tonelaje superior a 2,5 toneladas de MMA que realicen transporte internacional deben obtener una licencia comunitaria para poder circular por cualquier Estado miembro de la Unión Europea, al igual que se exigía con anterioridad para los vehículos pesados, tal y como explica Fenadismer.

Para agilizar los trámites burocráticos derivados de este requisito comunitario, el Ministerio de Transportes estableció un procedimiento ágil de solicitud de dicha licencia durante este año 2022, “eximiendo a los transportistas de aportar los documentos acreditativos de los requisitos exigidos para su obtención y sustituyéndolos por la presentación de una declaración responsable acreditativa de que los cumplen”. La mencionada declaración significa que “el transportista reconoce que cumple con el requisito de competencia profesional y con los relativos al establecimiento, honorabilidad y capacidad económica exigidos”.

Denuncia de prácticas ilegales

Sin embargo, Fenadismer ha constatado que “este procedimiento simplificado de tramitación está sirviendo a empresas cargadoras para instar a sus transportistas colaboradores a obtener ilegalmente dichas autorizaciones, sin cumplir el requisito de competencia profesional, utilizando para ello la cooperación de gestorías especializadas que proceden a tramitar las licencias comunitarias sin advertirles a los transportistas de que la firma de dicha declaración sin cumplir los requisitos, además de ilegal, implica incurrir en un posible delito penal por falsedad documental”.

La comprobación del cumplimiento de dichos requisitos es responsabilidad “de la Comunidad Autónoma de residencia del transportista, algo que podrá llevar a cabo con ocasión del visado que se llevará a cabo en 2023, sin perjuicio de las posibles inspecciones de control de cumplimiento de los requisitos que se lleven a cabo durante este año”, concluyen desde la Federación.