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El transporte escolar se considera en peligro
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El transporte escolar se considera en peligro

La primera de las mesas redondas del II Congreso Nacional de Direbus abordó la problemática del transporte escolar, desde la perspectiva de distintas regiones españolas. Una de las más interesantes de los dos días del evento

lunes 20 de febrero de 2023, 07:00h
Algunas de las visiones aportadas fueron coincidentes: se cobra tarde, los costes no se cubren... Incluso en algunas zonas del país se ha tenido que cesar la prestación de servicio, ante la imposibilidad de seguir adelante sin perder dinero. La figura principal de la mesa fue Carlos Pérez, director del Ente público extremeño de servicios educativos complementarios (Epesec) de la Junta de Extremadura, adscrito a la Consejería de Educación y Empleo. Fue el único político que se sentó a debatir con los empresarios, a pesar de que otros cinco fueron invitados, y por eso se vio en la obligación defender el pabellón de la Administración.

Pérez declaró que "el escolar es un servicio sensible para la sociedad. El modelo extremeño atiende la ruralidad, porque contamos con 388 municipios de los que la mayoría tiene entre 1.000 y 5.000 habitantes. El objetivo es reducir al máximo tiempo y la distancia de los trayectos, para lo que creamos una red de centros intermedios", añadiendo que el servicio es "gratis para la educación obligatoria en centros adscritos, para los alumnos de educación especial gratis y, en el caso del Bachillerato y FP también existen ayudas", que incluyen el uso compartido de líneas regulares.

El 90% son pymes

Trasladan a diario a 17.000 escolares

"A través del acuerdo marco (dos años más una prórroga de otros dos), se fijan condiciones y, en la licitación, se homologan las empresas en cada categoría (habilitación, solvencia...). Hoy, hay 181 que están homologadas, de las que el 90% son pymes". Y esto es importante, porque "la licitación es solo para las empresas homologadas". A esto se suma "el contrato de acompañantes, independiente a la licitación de la ruta".

Una vez analizada la actualidad, Pérez apuntó algunos aspectos fundamentales paa ir mejorando, como "crear un órgano colegiado (padres, Administración, empresas, docentes, acompañantes...); incentivar a la renovación de flotas; articular un plan de formación (que podría paliar el déficit de conductores); compaginar el escolar con el regular, allí donde sea posible; y potenciar el transporte PMR, porque la demanda crece".

Caso cántabro

El caso de Cantabrial fue explicado por Carlos Ruiz, gerente de la empresa NR Ruiz, quien se mostró rotundo al afirmar que "los empresarios tienen buena culpa de lo que les pasa. Vivimos un momento crítico y único: la edad de los vehículos está creciendo, los costes de los vehículos y los plazos de entrega de los nuevos se han disparado, el coste de la mano de obra ha subido, el del combustible...". En este sentido, "el acuerdo marco cántabro también valora las empresas, no solo el precio", abogando por una necesaria "subida de costes. ¿Cuántas empresas hacen ese estudio de costes? Fomento dice que el coste/km es de 1,70 en un autocar grande, y la realidad es que se cobra mucho menos.

Los empresarios tienen buena culpa de lo que les pasa

En Cantabria tendremos que proponer a la Administración un 30%, y si no, no podremos renovar. Por eso, ahora o nunca. No sé cómo lo vamos a hacer. Para hacer el mercado atractivo, hay que pagar a los conductores. Sueldos dignos, gasóleo, vehículos... Que el pliego desglose el coste del servicio, es obligatorio y no se cumple".

Aintzane Aizpurua, presidenta de Direbus Guipúzcoa, aportó su caso de éxito, puesto que en su región consiguió, después de un paro, "una subida del 24,1% para este curso, aunque no para el que viene. Por eso, solicitamos la creación de una mesa de trabajo para estudiar la nueva licitación, aunque seguimos esperando respuesta". Porque el caso de otras provincias vascas no es igual: "Vizcaya y Álava empiezan la negociación desde una propuesta de subida del 3%, en relación con 2015. Y allí se han recurrido los pliegos, porque ni siquiera se quieren sentar con nosotros". Con Direbús, "hemos conseguido una unión de las tres provincias y algunas navarras, que se quieren unir. El futuro será duro, aunque la unión que tenemos ahora nos hace ser un poco más optimistas".

En el caso de Salamanca, "la región es amplia y peculiar, y el escolar se negocia de manera provincial, lo que me parece un primer error, porque hay muchas diferencias. En Soria, por ejemplo, consiguieron rutas hasta 400 euros, pero en León están a 120", explicó Jose Carlos Marcos, representante de Direbús Salamanca, añadiendo que "en diciembre se quedaron casi todas las rutas desiertas. En junio volverán a licitarlas para el año que viene, con una subida importante, aunque no hay un criterio regional. No se analizan los costes en CyL, y por eso en Salamanca buscamos esa mesa de trabajo para tratar de unificar precios por rutas, kilómetros y tipos de vehículos". El nuevo mapa tiende a integrar el 90-95% de las rutas, que podrían favorecer a las más grandes. Las pymes se quedan fuera, porque de 160 concesiones se quiere pasar a 60, las grandes irán en UTE con las pequeñas y se las terminarán comiendo. El panorama es desolador".

La denuncia de Marcos se centró en los vehículos y conductores. "Los vehículos están adscritos en exclusiva a estos servicios escolares y no hay personal. Tenemos problemas a la hora de renovar. Habrá que estudiar los costes reales, no los que dice el Ministerio, porque no miran que el vehículo es exclusivo para el escolar. El tacógrafo no puede ser igual para el escolar que para el internacional. Por una ruta de 15', ¿por qué no puede el conductor trabajar en otra cosa? ¿Ni los fines de semana?", preguntas que quedaron sobre la mesa.

Andalucía, previsora

"Sabiendo que habría licitación en 2022, en Andalucía tomamos medidas antes", explicó Francisco Valenzuela, de Valenzuela SL. "La primera fue unirnos y hablar entre nosotros. Luego, organizamos una jornada sobre estructura de costes en todas las provincias, explicando de dónde salen para no trabajar a pérdidas".

Así, el pasado mes de agosto, se licitación los contratos a 3+2 años, pero sin revisión de precios. Y el de inicio no nos gustaba. El 49,6% de las rutas quedaron desiertas. Para ser rentable, tenemos cobrar un mínimo de 25.000 km, al precio de los costes del Ministerio. Tb solicitamos indexar el coste del personal y del gasoil. Y tb pedimos que en ciertas zonas de especial dificultad, se realice un incremento del 25%".

"Y el 30 de noviembre, al vencer los contraros, nos subieron lo que pedíamos. No es lo que desearíamos, pero al menos no perdemos dinero. Vamos haciendo contratos a cuatro meses vista, y no podemos firmar por más tiempo debido a la incertidumbre. Esperamos que cambie la ley de indexación para que se puedan licitar concursos con ciertas garantías".

En Murcia, vivimos "un acuerdo marco que es una subasta dinámica", según José María Pérez, de Direbús Murcia. "El segundo marco nos puso en pie. Dejamos a 5.000 alumnos sin transporte, trasladando una imagen poco decorosa del Sector. Los costes del Ministerio no son correctos, porque hacemos no hacemos 80.000 km al año y porque no cobramos a 1.70 euros el km. Así no nos podemos presentar. Las empresas no mendigamos".

"Por eso, porque no podemos subir los precios, el 90% quedó desierto. Solo hay 15 empresas para 436 concesiones, y no hay solvencia técnica para eso. La relación con la Administración en Murcia es buena, pero los contratos de emergencia no son suficientes. No hay seguridad para el empresario en su toma de decisiones. Si la Administración no articula una serie de medidas urgentes, las empresas desaparecerán. y eso pasa por ayudar a la renovación de flotas, porque considero mejor 3.500 euros de letra a 4.000 de taller en un vehículo que no puedo renovar".

Finalizó su intervención afirmando que "a día de hoy, no sabemos lo que va a pasar el curso que viene. Entendemos que hay elecciones, pero nosotros somos empresarios, y no podemos aceptar contratos de cuatro años herméticos e inflexibles".

Para concluir la sesión, Carlos Pérez abogó por "no buscar culpables, sino soluciones. Considero importantísimo que se puedan revisar los contratos. Sin eso, no hay estabilidad jurídica. La ley obliga a desglosar los costes de una licitación", aunque también recordó que "los costes los tomamos del Observatorio del Ministerio, en el que también intervienen las Asociaciones del Sector". Y desde Cantabria se aportó una idea muy bien acogida por la sala: "un Observatorio de Costes específico del escolar. El del discrecional no nos vale".