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IRU protesta contra los objetivos 'irreales' de descarbonización europeos

IRU protesta contra los objetivos 'irreales' de descarbonización europeos

Consideran que sus objetivos son poco realistas y demasiado intervencionistas

jueves 23 de noviembre de 2023, 07:00h

El Parlamento Europeo ha votado a favor de imponer unos ambiciosos objetivos para reducir las emisiones de CO₂ de los vehículos pesados. Su postura se alinea por tanto con la del Consejo, respaldando la propuesta de la Comisión Europea de reducir las emisiones en un 45% para los fabricantes para 2030, escalando al 65% para 2035 y alcanzando un inédito 90% a partir de 2040, algo que no ha sido bien recibido por las organizaciones de transporte.

"A pesar de las voces de la industria y varios miembros del Parlamento Europeo que abogaban por un enfoque de descarbonización más pragmático, el Parlamento ahora entra oficialmente en negociaciones trilaterales con objetivos idealistas aparentemente desconectados de la realidad energética y de los negocios sobre el terreno" afirmó Raluca Marian, directora de defensa de IRU en la UE.

La organización ha manifestado sus dudas con respecto a la preparación de la infraestructura necesaria a corto y medio plazo, especialmente en áreas urbanas y en las principales redes viales del continente. Considera que la falta de estaciones de carga y la ausencia de planes a nivel continental suponen un importante reto, pues creen que incluso el objetivo inicial del 30% para 2030 era ya enormemente desafiante.

Objetivos de compra obligatorios

A su vez, el Parlamento ha aprobado objetivos de compra obligatorios para los operadores de transporte, una decisión que también ha generado controversia. Esto obliga a la Comisión a presentar una propuesta legislativa para aumentar la proporción de vehículos pesados de motor cero emisiones propiedad o arrendados por grandes flotas.

"Lo que es completamente inaceptable son los objetivos de compra obligatorios. Los operadores comerciales de transporte por carretera no operan basados en contratos públicos. Debe haber un límite al intervencionismo económico que infringe de manera desproporcionada e innecesaria en los derechos europeos consagrados a la propiedad y a la libertad de realizar negocios. No podemos aceptar demandas irrazonables a operadores privados que trabajan con capital privado y son los únicos responsables de gestionar sus propios riesgos operativos y financieros" concluyó Marian.