Un paro en el Sector generaría notables pérdidas en la economía
"Nos encontramos con el silencio por respuesta tanto por parte del Ministerio de Transportes como por parte del Ministerio de Trabajo ", asegura Manuel Hernández, presidente de la Plataforma. "Los conductores asalariados estamos en una situación que no nos da margen para dilatar esta espera. La decisión que hemos tomado es la de dar un ultimátum a la presidencia del Gobierno, de modo que si en un tiempo breve no notamos una reacción por parte del Estado para retomar todos los asuntos pendientes, vamos a llevar a cabo una convocatoria de movilizaciones nacionales e indefinidas".
Hernández destacó que una parálisis del transporte supondría una paralización de las mercancías que generaría importantes pérdidas, pero que espera que esta decisión no sea criminalizada ni asociada a ningún sector político, pues es una decisión que parte de "la necesidad de arreglar una situación que, por lo que parece, no quieren que sea arreglada".
La Plataforma critica en concreto una serie de medidas como las políticas que benefician al ferrocarril, la fusión de grandes compañías de transporte, las políticas medioambientales o la aceleración de las tramitaciones para incorporar conductores extranjeros.
Reivindicaciones
En el comunicado emitido se enumeran una serie de peticiones al Gobierno, destacando aspectos como el establecimiento de la jubilación a los 60 años para los conductores de mercancías y pasajeros, el reconocimiento del total de las enfermedades derivadas de la profesión, o la creación de un convenio estatal para los conductores con régimen sancionador para los incumplimientos. Asimismo, solicitan que la representación del Sector ante el Estado sea elegida de forma democrática por los titulares de cada tarjeta de transportes y una modificación del Real Decreto-Ley 14/2022 para garantizar un precio justo y suficiente a los transportistas efectivos sean cuales sean sus costes.
Creen que las actuales medidas medioambientales criminalizan el uso del diésel
En cuanto a políticas más generales, piden también una revisión de las políticas medioambientales, que en su opinión criminalizan el uso de motores diésel, la eliminación del pago por uso de carreteras y el aumento de pesos y dimensiones, y que se persiga el cabotaje y la competencia desleal de empresas extranjeras. Por último, incluyen entre sus reivindicaciones que se limiten tanto la subcontratación de los servicios de transporte como la presencia de unidades mega-camión y duotráilers en las carreteras.
Hernández protestó además contra las medidas implementadas para facilitar la contratación de conductores extranjeros, medidas solicitadas por las empresas con el objetivo de luchar contra la escasez de profesionales en el Sector. Desde la plataforma consideran que estas medidas, si bien son efectivas en ese sentido, precarizan aún más el trabajo, ya que "se pactan unas condiciones en el origen que se cambian en el destino en un intento de abaratar los salarios con un personal que, por sus necesidades, se ve forzado a aceptar unas condiciones que los conductores nacionales no quieren aceptar". Por tanto, solicitan la necesidad de crear un convenio estatal que recoja las necesidades reales de los conductores: "No es que estemos en contra de traer conductores de otros países, pero todo conductor nacional como extranjero debe tener unas condiciones mínimas para que el trabajo sea digno y ofrezca un futuro laboral estable".
Un precedente reciente
Hernández hizo hincapié en cómo el paro convocado hace ya casi dos años permitió "conseguir una ley que daba oxígeno y protegía a la clase trabajadora, para que el transportista efectivo, dada su incapacidad de negociación con los grandes cargadores, trabajase perdiendo dinero o no pudierse cubrir todas sus partidas de coste". Dicha ley fue aprobada en agosto de 2022 mediante un Decreto-Ley, pero según afirma el presidente de la asociación "no ha dado ningún resultado". La organización ha mediado en diversas denuncias impuestas por transportistas, pero reclama que no se ha producido ninguna resolución condenatoria hacia ningún contratista por pagar a los transportistas por debajo de su coste.
La plataforma lamenta que la mejora que se vivió tras el primer paro fue momentánea, pues asefura que la colaboración con el Gobierno pronto dejó de producirse y que no se han corregido los problemas que esta ley evidenció en cuanto entró en funcionamiento. Además, recuerda que en aquel momento se trató de criminalizar su actividad, un discurso que esperan que no se repita si finalmente se acaban viendo obligados a tomar esta medida.
