Esta norma pretende incorporar a la legislación madrileña el nuevo Reglamento europeo sobre servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y por carretera que entrará en vigor antes de final de año, que establece que las concesiones tendrán un periodo máximo de diez años y una prórroga por otros cinco ejercicios más. Además garantizará que las concesiones se adjudiquen por concurso público mediante procedimientos abiertos y transparentes.
La Consejería de Transportes e Infraestructuras elaborará un informe previo a la implantación de nuevas infraestructuras de transporte en el territorio de la región por parte de cualquier administración pública cuando afecten a uno o más municipios. Los municipios madrileños velarán para que los servicios de transporte público discrecional de viajeros tengan la mayor accesibilidad posible a todas las zonas urbanas.