Este acuerdo es ligeramente más leve que el propuesto inicialmente por Bruselas. La Comisión pedía que el límite de 175 gramos se aplicara ya un año antes, en 2016, y que el objetivo de 2020 fuera más ambicioso, de 135 gramos, lo que hubiera supuesto un coste adicional de hasta 3.500 euros por vehículo, según los propios cálculos del Ejecutivo comunitario. Los fabricantes que superen los límites serán sancionados con multas que se basarán en el número de gramos por kilómetro que los vehículos del fabricante superen el tope como media, multiplicado por el número de vehículos. La cuantía de la multa será de 95 euros por gramo y kilómetro, la misma que se aplica a los vehículos particulares. La norma, que debe ser ratificada por el pleno de la Eurocámara y los 27, se aplicará a furgonetas con una MMA de hasta 3,5 toneladas y cuya Tara no llegue a 2.610 kilos.