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La Federación Gallega de Transporte de Mercancías se opone al incremento del tramo autonómico del impuesto sobre el gasóleo

viernes 08 de noviembre de 2013, 01:00h

La organización se opone tajantemente a una medida que ha sido recientemente presentada por el Gobierno de Galicia y que, según el comunicado que han emitido, causará un empeoramiento de la situación de las empresas de transporte al gravar un impuesto sobre la materia prima de este sector, como es el gasóleo

Conductor llenando el depósito.
Conductor llenando el depósito.

La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) ha emitido un comunicado en el que muestra su rechazo frontal hacia la nueva medida del ejecutivo gallego de subir los impuestos sobre el gasóleo. En concreto, se trata del incremento del tramo autonómico del impuesto sobre el gasóleo que representa una subida del 400%. Fegatramer se ha quejado del continuo aumento del precio del combustible al que habría que añadir el nuevo incremento en su comunidad autónoma. Se trata, para ellos, de una situación inadmisible teniendo en cuenta el contexto de grave crisis económica que el sector y el conjunto de España están sufriendo.

En cuanto a las declaraciones realizadas recientemente por miembros del ejecutivo autonómico en las que se aseguraba que el incremento no afectaría al transporte de mercancías, la organización ha salido al paso para querer desmentirlo. Los 0,036 euros que se le devolverían a los transportistas por cada litro consumido, aseguran, no sería apto para todos los vehículos de carga de la comunidad, puesto que hay unos 8.000 vehículos con un peso máximo autorizado inferior a 7,5 toneladas, que no se beneficiarían. En consecuencia, de los más de 44 millones de euros que se recaudarían a partir de 2014, por este nuevo tramo autonómico el sector sólo recuperaría en el mejor de los casos en torno a 24 millones de euros.

Otros problemas

Además del incremento, las empresas gallegas deberían soportar, según Fegatramer, el coste financiero del proceso, que rondaría los 500.000 euros al año. Esto se debe a que, aunque se le solicitaría la devolución trimestralmente a la Agencia Tributaria, el ciclo de trámite actual supera los seis meses. En esta línea, también afectaría el coste derivado de esta nueva carga administrativa, que conlleva la gestión de la devolución cada trimestre a la Agencia Tributaria. Asimismo, un problema a añadir sería el coste de informatización de los depósitos de suministro, en el caso de que la empresa disponga de ellos, cuya incorporación en muchos casos será inviable por los altos costes.

Para la sociedad, a todo ello habría que sumar las cantidades que no se devolverán por circunstancias burocráticas como no disponer de certificaciones de estar al corriente en todo momento con Hacienda, seguridad social, transporte, o no poder suministrar con tarjeta por no disponer del aval bancario necesario para que una petrolera se la facilite.