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Los políticos se comprometen a crear un régimen sancionador para la ley de pago a proveedores

La III Cumbre Político-Empresarial consiguió sacar la promesa a los parlamentarios de que 2016 sería fecha tope

sábado 14 de febrero de 2015, 01:00h
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acudió al cierre de la Cumbre.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acudió al cierre de la Cumbre.
La III Cumbre Político-Empresarial de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad consiguió sacarles a los políticos presentes (un representante de cada grupo parlamentario), la promesa de que, como muy tarde durante la próxima legislatura, se creará un régimen sancionador para la ley del 2010 sobre el pago a proveedores.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que acudió al cierre del acto, afirmó apoyar la tarea de la plataforma, ''la normativa respecto al tema de los proveedores es todavía joven, por lo que es necesario experimentar con ella, en este contexto, la Plataforma contra la Morosidad puede tener un importante papel. Como conclusión querría decir que aún no hemos llegado a la meta, pero me llevo el 'relato' de lo hablado aquí para tenerlo en cuenta''.

Hay que recordar, como hizo el representante del grupo catalán, Josep Sánchez i Llibre, que en mayo de 2014, CiU llevó al Congreso una iniciativa para la creación de este régimen sancionador, basado sobre todo en el modelo francés. La iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto por el que importaba, el mayoritario PP. Desde el partido del gobierno se excusaron diciendo que si bien un régimen sancionador es necesario, la propuesta hecha por CiU no les convencía. La representante popular en la Cumbre, Matilde Asain, aseguró que su partido ha mejorado el marco regulatorio aunque reconoció que no lo suficiente. Añadió que desde 2011 a la actualidad se han pasado de 103 a 82 días los retrasos en el cobro, lo cual es una mejora, aunque sigue incumpliendo la ley (a pagar en los 60 días posteriores).

Desde IU, Alberto Garzón, que será candidato de la formación en las próximas generales, aseveró que la crisis está arrasando con las Pymes, que son las raíces de la economía española, con la complacencia de algunos poderes políticos y económicos. ''La preferencia por las grandes empresas, con capacidad de llamar para parar leyes o chantajear nos han llevado a la situación actual'', afirmó sin tapujos el joven portavoz.

''El que paga descansa, como decían nuestros mayores'', contó el representante del grupo vasco, Pedro Azpiazu. Mientras, Álvaro Anchuelo, de UPyD, habló de dar una segunda oportunidad a las personas físicas afectadas por el cobro tardío de sus servicios y/o productos.

Mientras, el PSOE, representado por Juan Moscoso del Prado, manifestó que desde la izquierda también se puede tratar eficientemente el asunto de la competencia (a diferencia de lo que mucha gente piensa) y dio su compromiso para ir adelante con las iniciativas de ''Tolerancia cero con la morosidad'' y la creación de un Observatorio contra la Morosidad.

Régimen sancionador ya existente

Respecto a regímenes sancionadores, destaca el hecho de que dentro de España exista ya uno, dentro del ámbito del mercado agro-alimentario, como informó José Miguel Herrero, director de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Esto es posible gracias a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que dispone que el máximo de tiempo para pagar a los proveedores será de 30 días en productos frescos y perecederos, y de 60 en el resto. Esta ley entró en vigor el 1 de enero de 2014, fecha también de creación de la AICA, que desde entonces ha realizado 1.800 inspecciones de oficio y recibido 47 denuncias. Tras la fase de investigación empezará la apertura de expedientes, con multas que pueden llegar desde 100.000 euros por faltas graves al millón de euros si se reincide, ya que se convertiría en falta muy grave.