FENADISMER

En julio de 2016 la Comisión Europea adoptó una histórica decisión relativa al procedimiento sancionador impuesto contra los principales fabricantes europeos de vehículos industriales por fijación en los precios de venta de dichos vehículos, así como por retrasar deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos, lo que conllevó una multa record por un importe total superior a los 3.000 millones de euros, abriendo asimismo la vía para interponer este tipo de demandas para aquellos que hubieran adquirido vehículos de las referidas marcas entre los años 1997 y 2011.

Este lunes 13 de mayo se ha presentado en el Ministerio de Fomento los resultados del Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera correspondiente a 2018 llevado a cabo tanto por los servicios centrales del Ministerio de Fomento como por las Comunidades Autónomas. A dicho acto ha asistido la Subdirectora General de Inspección del Transporte del Ministerio de Fomento y los responsables de inspección de Transporte de las Comunidades Autónomas de Madrid y Aragón, así como las principales organizaciones representativas del transporte por carretera.

Pese a que en Abril del pasado año el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal el peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en Enero de 2018, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha continuado exigiendo el cobro del mismo a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías, manteniendo de este modo los ingresos millonarios que mensualmente recauda de los transportistas, bajo la excusa de que dicha decisión no es firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo en base al recurso presentado por dicha Administración.

Según un estudio comparativo llevado a cabo por Fenadismer en base a los datos que constan en el Registro Público de Empresas de Transportes que depende del Ministerio de Fomento el crecimiento del sector del transporte no ha afectado de igual manera a todas las empresas.

Mediante Real Decreto-Ley 8/2019, publicado en el BOE el martes 12 de Marzo, el Gobierno introdujo una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo a la jornada de Trabajo, estableciendo la obligación para el empresario de realizar el registro diario de la jornada de sus trabajadores asalariados, incluyendo el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo, así como la obligación de conservar dicho registro durante un plazo de 4 años. El principal objetivo que persigue el Gobierno con esta norma es poner fin a las horas extras que realizan algunos trabajadores sin ser cobradas.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) puso en marcha el mes de julio de 2012 el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el Sector del Transporte por carretera, con la finalidad de conocer mensualmente la evolución de las formas y plazos de pago en el Sector, y en consecuencia verificar el grado de cumplimiento de la vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales, la cual establece que el plazo máximo de pago será de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes.

Según ha informado la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), entre las novedades más controvertidas incluidas en el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres se encuentra la nueva regulación sobre el requisito de honorabilidad, que conforme a la normativa europea se considera uno de los cuatro requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad del transporte por carretera. En desarrollo de tal previsión comunitaria, el nuevo ROTT regula los supuestos en que se pierde el requisito de honorabilidad y las consecuencias de la pérdida.

El Protocolo de actuación para los agentes de control obligaba a justificar dónde se ha realizado el descanso fuera del domicilio, con la factura del hotel pertinente.

La aprobación definitiva del Paquete legislativo de Movilidad, promovido en abril de 2017 por la Comisión Europea y que incluye proyectos legislativos de vital importancia para el futuro desarrollo de la actividad del transporte por carretera en la Unión Europea, ha estado sometida durante estos dos años a numerosos obstáculos y enfrentamientos entre los Estados miembros, que habían impedido hasta la fecha su aprobación definitiva. Fenadismer valora positivamente esta propuesta, como ya había propuesto en su día, ya que permitirá eliminar las cargas burocráticas

Con el objetivo de modernizar la economía española y la creación de empleo, el Ministerio de Transición Ecológica ha sometido a consulta pública el Marco Estratégico de Energía y Clima elaborado por el actual Gobierno.

La reforma del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, que entró en vigor el pasado 21 de Febrero ha introducido importantes novedades que afectan tanto a los requisitos exigidos para acceder al sector como al régimen de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

Como consecuencia de la entrada en vigor en 2015 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, que introduce como novedad la administración electrónica en las relaciones con los administrados, tanto el Ministerio de Fomento como las Comunidades Autónomas han venido llevando a cabo la tramitación de los requerimientos de inspección como de los expedientes sancionadores por vía exclusivamente electrónica.

Respecto al Brexit, el informe considera imprescindible que la Unión Europea adopte medidas de contingencias temporales y de duración limitada, destinadas a mitigar los efectos de potencial perturbación en la conectividad del trasporte de mercancías. Por ello, se considera urgente la elaboración de un Reglamento a nivel europeo que reconozca derechos equivalentes a los transportistas del Reino Unido y de los países de la Unión Europea para permitir una conectividad básica durante un tiempo limitado. Así lo ha transmitido Fenadismer ante la incertidumbre de un posible Brexit duro.

En el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado se ha publicado el Real Decreto 72/2019 de 18 de febrero, por el que se regula el Programa Moves destinado a la concesión de incentivos económicos para la movilidad eficiente y sostenible. El Programa Moves, que cuenta con una partida presupuestaria de 45 millones de euros, se compone de cuatro líneas de actuación subvencionables, dirigidas a la adquisición de vehículos de energías alternativas, implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de mejora de la movilidad al trabajo en empresas. La gestión de las ayudas corresponderá a las Comunidades Autónomas que deberán publicar las correspondientes convocatorias para acogerse a dichas ayudas.

Como lleva planteando Fenadismer de forma insistente en los últimos meses, la posibilidad de que finalmente no se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea antes del próximo 29 de marzo, lo que coloquialmente se ha denominado “Brexit duro”, hace "imprescindible" que tanto las instituciones europeas como el Gobierno español adopten las medidas legislativas y administrativas que permitan dar continuidad a las relaciones tanto comerciales como de tránsito entre España y el Reino Unido a partir de dicha fecha.

Después de años de lucha y meses de espera, los conductores profesionales por carretera vuelven a tener motivos para creer en un retiro digno. El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que permite reactivar el procedimiento para que este colectivo —clave para el país, pero históricamente olvidado— pueda acceder a la jubilación anticipada. Una medida largamente reivindicada por asociaciones del transporte y sindicatos que, ahora sí, podría empezar a hacerse realidad. Porque quienes pasan la vida al volante también merecen llegar a destino con tiempo y con derechos.

En un momento en el que la falta de conductores amenaza con colapsar parte del engranaje logístico del país, el sector del transporte por carretera vuelve a alzar la voz. No es la primera vez que lo hace, pero ahora lo hace con más urgencia. Fenadismer y el resto de asociaciones que forman parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera piden al Ministerio de Transportes que dé un paso más allá y abra de verdad las puertas a quienes quieren subirse a la cabina de un camión, pero no pueden permitírselo. Las ayudas actuales no son suficientes, y eso, en cifras reales, significa que miles de puestos siguen vacantes mientras la demanda no deja de crecer. El mensaje es claro: si no facilitamos la entrada, no habrá relevo generacional. Y sin conductores, no hay transporte.

El transporte por carretera en España sigue reduciendo plazos de pago a transportistas, con una media de 63 días en marzo de 2025. Desde la entrada en vigor del régimen sancionador contra la morosidad en 2021, los plazos se han reducido en 20 días de media. En marzo, el 79% de los casos registraron excesos leves de entre 60 y 90 días, mientras que solo un 4% de empresas incumplieron gravemente, superando los 120 días.Este nuevo reglamento plantea reducir el plazo máximo de pago a 30 días y establecer un régimen sancionador para todos los sectores económicos. Su aprobación podría posponerse hasta el segundo semestre de 2025, bajo la presidencia danesa de la UE.

A pesar del apagón eléctrico en la península ibérica, la DGT mantendrá las restricciones a camiones durante el puente del 1 de mayo, generando críticas del sector del transporte. La CETM denuncia que esta decisión es injusta y afecta el suministro esencial, pidiendo una rectificación urgente.Según Fenadismer, la DGT solo ha levantado las restricciones para el transporte de mercancías peligrosas, vehículos de grandes dimensiones y otros recogidos en el anexo V de la resolución vigente, excluyendo al grueso de los camiones de mercancías. Esta flexibilización se aplicará solo el 1 y 2 de mayo, y no afectará a la Comunidad de Madrid, donde se mantienen las prohibiciones de circulación en franjas horarias concretas.

La UETR, junto a 32 organizaciones, solicita a la Comisión Europea un enfoque equilibrado para la descarbonización del transporte por carretera. Abogan por políticas que apoyen tanto la electrificación como combustibles renovables, garantizando equidad entre países y promoviendo inversiones en infraestructuras energéticas para una transición justa y competitiva.“Confundir objetivos con herramientas solo genera confusión y bloquea la innovación”, aseguran los firmantes, que critican la actual dispersión normativa entre países, la sobrecarga administrativa y la falta de armonización en la implementación de directivas europeas como REDIII o ETS2.

El Gobierno de La Rioja ha dado un paso histórico al incluir por primera vez ayudas directas a la compra de vehículos para el transporte de servicio público en su Plan Estratégico de Subvenciones 2025. Estas ayudas, impulsadas a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), contemplan una subvención a fondo perdido del 10% del valor del vehículo para unidades nuevas destinadas al transporte de mercancías por carretera, independientemente de su sistema de propulsión, incluido el diésel.

Fenadismer, junto al Ministerio de Educación, lanza un programa de formación gratuito en Madrid para desempleados, con el fin de abordar la escasez de más de 20.000 conductores en España. El curso ofrece el Certificado de Aptitud Profesional y busca asegurar el relevo generacional en el sector del transporte. La edad media de los conductores en España se concentra entre los 45 y los 55 años, lo que supone una clara amenaza para el futuro inmediato del sector si no se toman medidas urgentes. Fenadismer advierte de que, sin acciones decididas como este plan de formación, la falta de relevo generacional podría generar problemas críticos de operatividad en pocos años.

El Gobierno propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, respaldada por sindicatos y criticada por patronales. La reforma afectará a más de 12 millones de trabajadores y contempla multas de hasta 10.000 euros por incumplimiento. El sector del transporte expresa preocupación por su adaptación a normativas europeas. Aunque la norma ya ha sido publicada en el BOE, el Gobierno ha establecido un periodo transitorio que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas deberán cumplir plenamente con el nuevo límite de 37,5 horas semanales. Para facilitar esta transición, especialmente en sectores con condiciones laborales específicas como el transporte profesional, se ha previsto una adaptación progresiva de la normativa. En el caso de los contratos a tiempo parcial, aquellos que igualen o superen la nueva jornada pasarán automáticamente a ser considerados de jornada completa.

El Ministerio de Hacienda confirma que se mantiene el límite de facturación de 125.000 euros para autónomos en el régimen de módulos en 2025. A pesar de la incertidumbre generada por la no convalidación del Decreto-ley Ómnibus, se optó por una interpretación administrativa, asegurando la continuidad del régimen tributario.Como consecuencia, más de 30.000 transportistas autónomos y miles de profesionales de otros sectores se encontraron en una situación de inseguridad jurídica, sin certeza sobre su régimen tributario.

La Comisión Europea presentará una propuesta para electrificar obligatoriamente las flotas de camiones en la UE, buscando descarbonizar el transporte y modernizar el envejecido parque vehicular. Sin embargo, varios países, como Italia y Bulgaria, se oponen, abogando por la neutralidad tecnológica y advirtiendo sobre posibles distorsiones en el mercado.Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia europea para descarbonizar el transporte por carretera, aumentar la competitividad del sector automovilístico europeo y acelerar la transición climática.

El Observatorio de Morosidad en el Transporte por Carretera indica un aumento en los plazos de pago a transportistas, alcanzando 65 días en enero. El 56% de las empresas incumple la ley de morosidad. Los transportistas pequeños cobran más rápido que los grandes, y se espera vigilancia continua para proteger al sector. En cuanto a los métodos de pago más utilizados en el sector, la transferencia bancaria sigue siendo el más común, con un 73% de los pagos realizados mediante esta vía, seguido del confirming (23%), el pagaré (4%) y el cheque (<1%).

El Gobierno valenciano ha anunciado un plan de ayudas de 250 millones para afectados por la DANA, excluyendo a los transportistas. Fenadismer critica esta decisión, demandando un apoyo específico para compensar las pérdidas del sector, vital para la economía y la recuperación tras las inundaciones. Se ha creado una plataforma para gestionar reclamaciones. Ante esta situación, Fenadismer ha puesto en marcha una Plataforma de Transportistas Afectados por la DANA, abierta a todos los afectados, estén o no asociados.

El Gobierno de España anunció un incremento de 10 céntimos por litro en el impuesto al diésel –un 25% más que el actual– para equipararlo al de la gasolina. En un contexto en el que se consumen más de 25.000 millones de litros anuales, la mitad destinados al transporte profesional, las asociaciones del sector rechazaron de forma unánime la medida, alertando sobre su impacto económico negativo y la pérdida de competitividad. Durante una rueda de prensa en Bruselas, el Ministro de Economía manifestó su intención de aprobar la subida mediante Decreto-ley, pese a que intentos previos fueron rechazados en el Congreso, lo que ha encendido el debate y suscitado la posibilidad de movilizaciones contra la iniciativa.

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, fijado en 1.184 euros mensuales, impactará positivamente el sector del transporte de mercancías, reduciendo desigualdades salariales. Se debate la creación de un convenio colectivo único nacional para armonizar las condiciones laborales y garantizar estabilidad salarial entre conductores profesionales. Con un incremento del 4,41% respecto a 2024, el SMI queda fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas (16.576 euros anuales) y se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

El Gobierno aprobó un Decreto-Ley sin medidas tributarias, generando incertidumbre para más de 30.000 transportistas autónomos que esperaban prórrogas en el régimen de módulos. La falta de regulación ha dejado a muchos en un "limbo jurídico", afectando su continuidad y viabilidad ante nuevos desafíos fiscales.La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado que esta situación deja a miles de transportistas en un "limbo jurídico", ya que iniciaron el ejercicio fiscal con la expectativa de acogerse al régimen de módulos, pero ahora podrían quedar excluidos sin una alternativa clara.

El sector del transporte por carretera en España ha reducido el plazo medio de pago a 63 días en diciembre de 2024, mejorando respecto a los 83 días de 2021. A pesar de avances, el 48% de las empresas aún incumple plazos legales, afectando su solvencia financiera y reputación. Más allá de las sanciones económicas impuestas por la Inspección de Transportes, Fenadismer ha detectado una consecuencia adicional para las empresas morosas: su solvencia financiera se está viendo perjudicada.

El 60% de las empresas cargadoras e intermediarias incumplió la legislación de morosidad, con plazos de pago a transportistas promediando 69 días. Fenadismer participó en una asamblea europea donde 16 países se opusieron a un nuevo reglamento que busca establecer un plazo máximo de pago de 30 días. Sin embargo, un preocupante 8% de empresas continúa retrasando los pagos más allá de los 120 días, aunque este porcentaje ha disminuido en comparación con 2022, cuando superaba el 20%

El programa 'Cheque Moderniza' para la digitalización del transporte por carretera ha sido poco efectivo, con más del 50% de los 110 millones de euros sin adjudicar. Solo cuatro comunidades agotaron los fondos. A pesar del aumento en solicitudes, el sector lamenta la escasa utilización de estas ayudas.A pesar del repunte en la presentación de solicitudes durante los últimos meses de la convocatoria, con un crecimiento significativo en junio, los 48,9 millones de euros ejecutados están lejos de la previsión inicial.

A partir de 2025, las pequeñas y medianas empresas transportistas en España podrán beneficiarse de una reducción del impuesto de sociedades. Las empresas con facturación inferior a un millón de euros tributarán un 17%, y aquellas entre 1 y 10 millones, un 20%. Esta medida busca mejorar su competitividad y sostenibilidad.Esta medida, promovida por la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), de la que forma parte fenadismer, beneficiará especialmente a las empresas de menor tamaño.

Continental y Fenadismer presentan un estudio que revela el rechazo del 60% de los transportistas españoles al aumento de carga a 44 toneladas. Destacan el desconocimiento sobre normativas y la preocupación por la seguridad, con escasez de aparcamientos y dificultad para contratar conductores. Abogan por una implementación gradual de regulaciones.El estudio pone de manifiesto un considerable desconocimiento sobre normativas clave como el Reglamento 117, relacionado con el rendimiento de los neumáticos, y la normativa Euro 7, que establece límites más estrictos para las emisiones de gases contaminantes.

Fenadismer ha creado la Plataforma de Transportistas Afectados por la DANA para ayudar a los profesionales del transporte a reclamar daños por las inundaciones del 29 de octubre. La iniciativa, gratuita y respaldada por juristas, busca compensar pérdidas no cubiertas por ayudas gubernamentales, consideradas insuficientes.A pesar de la gravedad de los impactos sufridos por el sector, los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno no han incluido ayudas específicas para transportistas.

Fenadismer solicita al Ministerio de Hacienda un mecanismo de devolución fiscal para el transporte ligero, similar al gasóleo profesional, ante la inminente subida del impuesto al diésel en 2025. Esta medida podría afectar gravemente a los autónomos del sector, aumentando sus costos anuales y poniendo en riesgo su viabilidad económica.Aunque en noviembre la propuesta no prosperó por falta de apoyo parlamentario, el Gobierno está valorando aprobar esta medida de forma inmediata mediante un Decreto-ley, cumpliendo así los compromisos de financiación adquiridos con la Unión Europea