FENADISMER

Emulando el sistema de cobro de peajes a camiones implantado por la Diputación de Guipúzcoa en Enero de 2018 en la carretera nacional N-1 y en la autovía A- 15, ahora plantea establecer un sistema similar sobre la autovía A-636, que conecta Beasaín con Bergara, basado en el establecimiento de tres pórticos de control para el pago del peaje en la propia vía, que como novedad no sólo afectará a los camiones sino también a los vehículos turismos.

Aseguran que van a implantar otras medidas como limitar a un solo sentido los adelantamientos en los tramos de tres carriles así como la colocación de nuevos radares

El Gobierno de Navarra ha venido recibiendo presiones desde ámbitos políticos y municipales para prohibir la circulación de los camiones por la carretera N-121, que une Navarra y la frontera francesa.

Junto a la nueva restricción en la AP-1 en Burgos también como novedad se recoge una restricción a camiones en la N-230 todos los fines de semana para que los “esquiadores” puedan acceder y regresar a las pistas.

No sin dificultad, los diferentes proyectos legislativos que comporta el Paquete de Movilidad han ido superando todos los trámites legislativos necesarios para su definitiva aprobación.

Entre los principales perjudicados se encuentran los subcontratistas y transportistas que trabajan en dicho sector de actividad, a los que llegan adeudárseles hasta 2 millones de euros en cada obra por los servicios prestados, ocasionando una importante indefensión y la ruina de miles de pequeñas empresas

El pasado 19 de diciembre, las asociaciones españolas de Transporte denunciaban que la Dirección General de Tráfico (DGT) pretendía prohibir a los camiones de más de 7,5 toneladas circular por la AP-1 y la N-1 con destino hacia el País Vasco y la frontera de Irún, todos los domingos desde el 7 de junio hasta el 13 de septiembre, además del 22 de marzo, 3 de mayo, 12 de octubre, 2 de noviembre y 8 de diciembre, “lo que se trataba de una disparate absoluto, ya que cambiar el lugar de embolsamiento de los camiones a otro con infraestructuras similares, pero más lejano a los destinos europeos, no contribuiría a la Seguridad Vial”, afirman en este caso desde la CETM.

Tras meses de negociaciones, la posición acordada por ERC y otras formaciones políticas en estos últimos días ha posibilitado que se conforme un nuevo Gobierno en España. Respecto al acuerdo de coalición progresista suscrito por PSOE y Unidas-Podemos, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, organización representativa de las pymes y autónomos del Sector del Transporte por carretera, ha transmitido su valoración en relación al contenido de dicho acuerdo, en lo que se refiere a las medidas planteadas para su puesta en marcha en la próxima legislatura en los ámbitos económico, social y sectorial.

Como se recordará, conforme al nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que entró en vigor en Febrero del pasado año, para poder realizar el examen oficial del título de competencia profesional para el transporte (coloquialmente denominado capacitación profesional o título de transportista) se exige por primera vez tener un determinado nivel académico, en concreto, al menos el Título de Bachiller o bien FP de grado medio o superior o título universitario. El título de competencia profesional se exige para poder ejercer la actividad empresarial de transporte por carretera (ya sea como autónomo o como sociedad) tanto para la realización de la actividad de transporte por carretera como para la de operador de transporte, (esto es, agencia de transporte, almacenista o transitario).

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (FENADISMER), organización que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera desea públicamente manifestar su satisfacción porque una vez más se haya hecho efectivo el compromiso adquirido por el actual Ministro de Fomento, nada más tomar posesión de su cargo en Junio del pasado año, de ir liberando los peajes de las autopistas una vez que se vayan agotando los contratos de concesión que ostentan las empresas explotadoras de dichas vías.

El pasado día 12 de diciembre la reunión del Trílogo Interinstitucional de la UE en la que participan las tres instituciones básicas de la UE, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, aprobó el denominado Paquete de Movilidad después de años de negociaciones y numerosas dificultades debidas a las posiciones diferentes mantenidas por determinados Estados miembros de la UE, fundamentalmente de los denominados países del Este.

Según ha informado la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, a fecha de hoy el Gobierno aún no ha procedido a aprobar la prórroga del actual límite de facturación anual establecido en 125.000 euros para poder acogerse a los módulos en 2020, por lo que tal acuerdo debería adoptarse en el próximo Consejo de Ministros que tendrá lugar este viernes 27 de Diciembre a través del correspondiente Real Decreto-Ley. De no ser así, la última prórroga aprobada in extremis en Diciembre del pasado año por el actual Gobierno sería la última y, en consecuencia, entraría en vigor a partir de 2020 el nuevo límite de facturación de 75.000 euros aprobado en 2016 y que no ha llegado nunca a entrar en vigor por las sucesivas prórrogas aprobadas estos últimos años.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) puso en marcha el mes de julio de 2012 el Observatorio Permanente de la Morosidad y los pagos en el Sector del Transporte por carretera, con la finalidad de conocer mensualmente la evolución de las formas y plazos de pago en nuestro Sector, y en consecuencia verificar el grado de cumplimiento de la vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales, la cual establece que el plazo máximo de pago será de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes.

El pasado lunes 25 de noviembre se ha celebrado una nueva reunión del Trílogo inter-institucional de la Unión Europea que conforman el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea con la finalidad de continuar la aprobación definitiva del Paquete de Movilidad. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), en dicha reunión se alcanzó un acuerdo en lo relativo a la exigencia del tacógrafo y el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, a los vehículos ligeros que realicen transporte internacional, estableciéndose para ello, probablemente, un periodo transitorio por definir.

El pasado lunes 25 de noviembre se celebró en el Congreso de Unostra en París, la Asamblea General de la Unión Europea de Transportistas por Carretera (UETR), organización que en la actualidad agrupa a 18 asociaciones nacionales de transporte de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, entre ellas Fenadismer en representación de España, en la que Julio Villaescusa ha sido reelegido presidente de la UETR para los próximos dos años, continuando así la intensa actividad que ha venido llevando a cabo durante su anterior mandato.

Ambas compañías han solicitado al Ministerio de Inclusión el acceso a la jubilación anticipada para transportistas, argumentando que su trabajo es físicamente exigente y riesgoso. De este modo, resaltan la alta siniestralidad laboral y el deterioro de la salud, pidiendo una aplicación inmediata de esta medida en reconocimiento a su labor.

En septiembre, los plazos de pago en el transporte por carretera aumentaron a 61 días, tras un récord de 58 días en agosto. Aunque el 51% de las empresas incumple la ley de morosidad, solo el 6% paga más allá de 120 días. Se destaca la necesidad de mejorar la estabilidad en los pagos.

La digitalización ya no es una tendencia lejana, sino una necesidad urgente para miles de transportistas autónomos y pequeñas empresas del sector en España. Con una fecha límite que se aproxima —el 31 de octubre—, el programa de ayudas kit digital representa una oportunidad única para modernizar la actividad sin que suponga un coste directo para quienes se acojan a ella. Son 3.000 euros que pueden marcar un antes y un después, especialmente en un contexto donde la eficiencia operativa, la gestión documental y la adaptación tecnológica serán obligatorias en cuestión de meses. Fenadismer, consciente de este reto inminente, ha intensificado su campaña para informar y acompañar a los profesionales del transporte en este proceso, facilitando soluciones concretas que permitan cumplir con los nuevos requisitos legales y, al mismo tiempo, mejorar la competitividad.

El sector del transporte por carretera ha marcado un antes y un después en la lucha contra la morosidad. Según los últimos datos del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos que elabora Fenadismer, los plazos medios de pago se situaron en 58 días durante agosto, lo que supone la primera vez que la media desciende por debajo del límite legal de 60 días. Este avance refleja una tendencia positiva en 2025, aunque todavía casi la mitad de las empresas cargadoras e intermediarias incumplen la norma, lo que evidencia que aún queda camino por recorrer para garantizar la plena seguridad financiera de los transportistas.

Fenasdimer rechaza el Anteproyecto de Ley Antitabaco que prohibiría fumar en vehículos de transporte profesional, afectando a más de 360.000 conductores. Consideran la medida discriminatoria y desproporcionada, ya que no se aplica a vehículos particulares. Además, advierten sobre riesgos para la seguridad vial y piden su retirada al Ministerio de Sanidad.

Las empresas de auxilio en carretera enfrentan una crisis y requieren un aumento del 15% en tarifas para mantener servicios. Así, la escasez de conductores y el incremento de costes amenazan la cobertura, especialmente nocturna y festiva. La Alianza busca negociar con aseguradoras para evitar un deterioro en la atención a los usuarios.

Fenadismer denuncia a la DGT por imponer sanciones indiscriminadas a transportistas durante restricciones de circulación, utilizando un sistema automático que no verifica excepciones. Critica la vulneración de la presunción de inocencia y ha solicitado al Defensor del Pueblo cambios en el procedimiento para evitar multas injustas a quienes cumplen normativas esenciales.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se enfrenta a fuertes críticas por su sistema de sanciones automáticas. Transportistas de todo el país denuncian que las cámaras de control actúan como un auténtico fotomatón sancionador, imponiendo multas indiscriminadas durante los días de restricciones sin comprobar si los camiones afectados estaban autorizados a circular. Esta situación, que ya ha motivado quejas ante el Defensor del Pueblo, ha llegado ahora al Congreso de los Diputados, donde ERC ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para esclarecer lo que el sector califica de actuación arbitraria y contraria al principio de inocencia.

Desde el 20 de agosto, todos los camiones y autobuses matriculados en la Unión Europea y en países como Suiza, Reino Unido, Islandia y Noruega que realicen transporte internacional deben incorporar el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación, una medida destinada a mejorar el control de los tiempos de conducción y descanso. Sin embargo, los vehículos procedentes de terceros países como Rusia, Turquía o Moldavia, entre otros, podrán seguir circulando con dispositivos antiguos, lo que, según Fenadismer, supone una desventaja competitiva para las empresas europeas y complica la labor de inspección en carretera.

A pesar de esta ligera variación, la federación destaca la tendencia positiva de los últimos años, marcada por una reducción constante de la morosidad gracias, entre otros factores, a la aplicación del régimen sancionador contra la morosidad aprobado en 2021. Así, Fenadismer subraya que la continuidad de las labores inspectoras y el régimen sancionador son claves para consolidar esta evolución positiva y proteger la viabilidad económica de miles de pequeñas y medianas empresas de transporte en el país, siendo su pago preferido la transferencia bancaria

La retirada del volante se complica para cientos de transportistas autónomos que, tras décadas en la carretera, esperaban acogerse a las ayudas al abandono de la actividad convocadas por el Ministerio de Transportes. La lista provisional publicada recientemente deja fuera al 80 % de los solicitantes, pese a cumplir con los requisitos exigidos. Solo 321 profesionales, de más de 1.800 peticiones, recibirán los 30.000 euros de ayuda, una cifra que vuelve a evidenciar la insuficiencia de un presupuesto que lleva tres años sin actualizarse. Desde Fenadismer, la indignación es clara: se reclama una respuesta institucional que esté a la altura del esfuerzo de quienes han sostenido con su trabajo el transporte por carretera en España.

La entrada en vigor del Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en 2020 ha obligado a que, desde 2025, todos los vehículos de transporte —tanto nuevos como usados— que realicen transporte internacional deban equipar el tacógrafo inteligente de segunda generación, y la fecha límite para realizar la sustitución está cada vez más cerca.

Más de 50.000 transportistas autónomos en España están en el punto de mira por lo que podría convertirse en un nuevo golpe a su ya castigada economía. La falta de actualización en las bases de cotización, dentro del sistema por ingresos reales, amenaza con reducir hasta en un 30 % su poder adquisitivo, afectando directamente a sus futuras pensiones y prestaciones. Fenadismer y Fetransa alzan la voz y reclaman con urgencia al Gobierno una corrección normativa que reconozca la singularidad de estos profesionales, especialmente vulnerables por su edad y por las condiciones particulares de su actividad en el sector del transporte por carretera.

El proceso de renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha reactivado un viejo debate dentro del sector: la necesidad urgente de garantizar una representación más justa, plural y transparente. Cuatro federaciones —Fenadismer, Fetransa, Feintra y Fitrans— han alzado la voz para exigir al Ministerio de Transportes que el nuevo reparto de representatividad no repita errores del pasado, donde el sistema benefició desproporcionadamente a unas pocas organizaciones en perjuicio del conjunto del tejido empresarial, especialmente de los transportistas autónomos y pequeñas empresas. Las entidades denuncian que el modelo actual no respeta el principio de “una empresa, un voto”, y reclaman una reforma que impida que las grandes flotas afiliadas a varias asociaciones inflen artificialmente los datos de representatividad.

La tecnología ha traído avances al transporte, pero también nuevas amenazas. En los últimos meses, bandas organizadas han comenzado a suplantar la identidad de transportistas reales para cometer robos de mercancía en plataformas logísticas y puntos de carga. El fenómeno, que ya representa el 1,5 % de los robos en Europa, preocupa profundamente al sector por sus consecuencias económicas y de reputación. La respuesta no se ha hecho esperar: cargadores y transportistas han unido fuerzas para diseñar un protocolo común que refuerce la seguridad sin añadir más burocracia.

En junio de 2025, los plazos medios de pago en el transporte por carretera se mantienen en 60 días, cumpliendo la ley. Sin embargo, el 53% de los clientes incumple esta normativa, afectando la viabilidad de las pymes del sector. Se requiere un régimen sancionador más efectivo para abordar la morosidad. La colaboración entre Fenadismer y la fintech Qonto, que facilita soluciones financieras a pymes y autónomos, ha sido clave para realizar este seguimiento mensual. El objetivo es visibilizar la evolución de los pagos, identificar a los sectores más incumplidores y aportar información útil a los transportistas.

Después de años de lucha y meses de espera, los conductores profesionales por carretera vuelven a tener motivos para creer en un retiro digno. El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que permite reactivar el procedimiento para que este colectivo —clave para el país, pero históricamente olvidado— pueda acceder a la jubilación anticipada. Una medida largamente reivindicada por asociaciones del transporte y sindicatos que, ahora sí, podría empezar a hacerse realidad. Porque quienes pasan la vida al volante también merecen llegar a destino con tiempo y con derechos.

En un momento en el que la falta de conductores amenaza con colapsar parte del engranaje logístico del país, el sector del transporte por carretera vuelve a alzar la voz. No es la primera vez que lo hace, pero ahora lo hace con más urgencia. Fenadismer y el resto de asociaciones que forman parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera piden al Ministerio de Transportes que dé un paso más allá y abra de verdad las puertas a quienes quieren subirse a la cabina de un camión, pero no pueden permitírselo. Las ayudas actuales no son suficientes, y eso, en cifras reales, significa que miles de puestos siguen vacantes mientras la demanda no deja de crecer. El mensaje es claro: si no facilitamos la entrada, no habrá relevo generacional. Y sin conductores, no hay transporte.

El transporte por carretera en España sigue reduciendo plazos de pago a transportistas, con una media de 63 días en marzo de 2025. Desde la entrada en vigor del régimen sancionador contra la morosidad en 2021, los plazos se han reducido en 20 días de media. En marzo, el 79% de los casos registraron excesos leves de entre 60 y 90 días, mientras que solo un 4% de empresas incumplieron gravemente, superando los 120 días.Este nuevo reglamento plantea reducir el plazo máximo de pago a 30 días y establecer un régimen sancionador para todos los sectores económicos. Su aprobación podría posponerse hasta el segundo semestre de 2025, bajo la presidencia danesa de la UE.

A pesar del apagón eléctrico en la península ibérica, la DGT mantendrá las restricciones a camiones durante el puente del 1 de mayo, generando críticas del sector del transporte. La CETM denuncia que esta decisión es injusta y afecta el suministro esencial, pidiendo una rectificación urgente.Según Fenadismer, la DGT solo ha levantado las restricciones para el transporte de mercancías peligrosas, vehículos de grandes dimensiones y otros recogidos en el anexo V de la resolución vigente, excluyendo al grueso de los camiones de mercancías. Esta flexibilización se aplicará solo el 1 y 2 de mayo, y no afectará a la Comunidad de Madrid, donde se mantienen las prohibiciones de circulación en franjas horarias concretas.

La UETR, junto a 32 organizaciones, solicita a la Comisión Europea un enfoque equilibrado para la descarbonización del transporte por carretera. Abogan por políticas que apoyen tanto la electrificación como combustibles renovables, garantizando equidad entre países y promoviendo inversiones en infraestructuras energéticas para una transición justa y competitiva.“Confundir objetivos con herramientas solo genera confusión y bloquea la innovación”, aseguran los firmantes, que critican la actual dispersión normativa entre países, la sobrecarga administrativa y la falta de armonización en la implementación de directivas europeas como REDIII o ETS2.

El Gobierno de La Rioja ha dado un paso histórico al incluir por primera vez ayudas directas a la compra de vehículos para el transporte de servicio público en su Plan Estratégico de Subvenciones 2025. Estas ayudas, impulsadas a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), contemplan una subvención a fondo perdido del 10% del valor del vehículo para unidades nuevas destinadas al transporte de mercancías por carretera, independientemente de su sistema de propulsión, incluido el diésel.

Fenadismer, junto al Ministerio de Educación, lanza un programa de formación gratuito en Madrid para desempleados, con el fin de abordar la escasez de más de 20.000 conductores en España. El curso ofrece el Certificado de Aptitud Profesional y busca asegurar el relevo generacional en el sector del transporte. La edad media de los conductores en España se concentra entre los 45 y los 55 años, lo que supone una clara amenaza para el futuro inmediato del sector si no se toman medidas urgentes. Fenadismer advierte de que, sin acciones decididas como este plan de formación, la falta de relevo generacional podría generar problemas críticos de operatividad en pocos años.

El Gobierno propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, respaldada por sindicatos y criticada por patronales. La reforma afectará a más de 12 millones de trabajadores y contempla multas de hasta 10.000 euros por incumplimiento. El sector del transporte expresa preocupación por su adaptación a normativas europeas. Aunque la norma ya ha sido publicada en el BOE, el Gobierno ha establecido un periodo transitorio que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas deberán cumplir plenamente con el nuevo límite de 37,5 horas semanales. Para facilitar esta transición, especialmente en sectores con condiciones laborales específicas como el transporte profesional, se ha previsto una adaptación progresiva de la normativa. En el caso de los contratos a tiempo parcial, aquellos que igualen o superen la nueva jornada pasarán automáticamente a ser considerados de jornada completa.

El Ministerio de Hacienda confirma que se mantiene el límite de facturación de 125.000 euros para autónomos en el régimen de módulos en 2025. A pesar de la incertidumbre generada por la no convalidación del Decreto-ley Ómnibus, se optó por una interpretación administrativa, asegurando la continuidad del régimen tributario.Como consecuencia, más de 30.000 transportistas autónomos y miles de profesionales de otros sectores se encontraron en una situación de inseguridad jurídica, sin certeza sobre su régimen tributario.