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La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, Fenadismer, ha hecho públicos los resultados de junio de la encuesta que reflejan los datos de morosidad en el Sector. De acuerdo con la misma, el 67% de los pagos que se realizan incumplen la legislación vigente ya que superna el plazo máximo de 60 días a contar desde la prestación del servicio. La media del tiempo de pago se situó en los 86 días, tres menos que en el pasado mayo pero superior al plazo medio que registraba 2016 con 85 días. En cuanto a las modalidades de pago, la predilecta ha sido el confirming (41%), seguida del pagaré (29%), y el cheque (<1%).

El anteproyecto de Ley de Transportes de Viajeros por carretera de Castilla y León tiene por objeto establecer el marco jurídico para la prestación de los servicios que conforman la red de transporte público de viajeros por carretera en dicha Comunidad, así como el de las infraestructuras necesarias para su desarrollo, dando carácter universal y esencial al transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León.

“La Ley de autónomos será una buena ley no sólo para los autónomos, sino para todos, con más de 20 medidas concretas” ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Es una Ley que mejorará la protección social, las condiciones para emprender y reemprender, que eliminará trabas y facilitará la actividad. En definitiva es una ley que da voz a los autónomos”.

Una encuesta que realizada, mensualmente desde Julio de 2012, por la Federación nacional de Asociaciones de Transportes de España, en colaboración con la Fundación Quijote para el transporte, sitúa en 89 días, de media, el plazo de los pagos. Lo cual imlplica, que según el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, el 71% de los clientes de transportistas no cumple con la ley de pagos

‘’Hemos pasado los últimos meses creando unas expectativas de cambio que han calado en el colectivo que representa la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) y corremos el riesgo cierto de no poder culminar con éxito el proceso parlamentario abierto hace unos meses’’, comentan desde la asociación.

El Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera que prepara la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, cuyo informe ha conocido hoy el Consejo de Gobierno, recoge el reconocimiento legal del transporte público de viajeros por carretera como un servicio esencial y universal. Así mismo, pone en primer plano al ciudadano regulando por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios.

En la actualidad, los trabajadores asalariados están exentos del pago de impuestos, hasta un límite de nueve euros diarios, a través de vales de comida. UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, ha introducido una propuesta a los Grupos Parlamentarios para incluir una enmienda en el debate de la Proposición de Ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo.

Los plazos de pago se sitúan en 86 días, incumpliendo la Ley de morosidad un 68% de los clientes de los transportistas, según el último Observatorio de la morosidad.

El transporte público vuelve a ganar terreno al hilo de la incipiente recuperación económica. Si bien entre 2008 y 2014 el uso de los medios de transporte colectivo cayó en paralelo a la subida del paro en España, la mejora económica ha acercado de nuevo a los viajeros al autobús, metro y tren. Es por ello que la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (Atuc) reclama que las inversiones en transporte público vuelvan paulatinamente a niveles precrisis en paralelo a la evolución de los datos de empleo, para garantizar un mejor servicio a la demanda creciente de usuarios y adaptarlo a las nuevas necesidades de movilidad.

La Consejería de Infraestruc-turas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente asturiana comienza los preliminares para la futura Ley de Transporte autónomica.

El Ministerio de Fomento ha respondido a la petición de Fenebús de aclaración sobre la aplicación de la ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la Economía española a las tarifas de los servicios regulares. Fomento ha señalado, al respecto, que se encuentra estudiando la aplicación concreta del proyecto de borrador de Real Decreto.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado su informe sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario (APL), que sustituye a la actual ley de 2003. La futura norma recoge las modificaciones que ha sufrido durante estos años la vigente Ley del Sector Ferroviario e incorpora diferentes disposiciones europeas al marco jurídico español.