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    10 de agosto de 2020
Se pretende conseguir disminuir para 2050 los niveles de CO2 en torno al 90%.
Se pretende conseguir disminuir para 2050 los niveles de CO2 en torno al 90%.

500 millones de los impuestos de hidrocarburos para el transporte público

Se pretende conseguir disminuir para 2050 los niveles de CO2 en torno al 90%

La asociación del transporte urbano colectivo Atuc reclama que, en la revisión de los ahora cuestionados impuestos medioambientales, se destine una parte para financiar e invertir en el transporte público, aportación que estima en 500 millones de euros anuales. Se pretende conseguir el objetivo de disminuir para 2050 los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en torno al 90%, en comparación con 1990.

Esta cifra procede del total de recaudación neta conseguida del aumento del impuesto a los hidrocarburos, que podría ascender a 1.700 millones de euros al año una vez descontada la devolución del gasóleo profesional. El impuesto no sólo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución. Otra parte se destinaría a inversión, tanto para renovación de flota como para mejorar la calidad en la prestación del servicio, especialmente la frecuencia y los tiempos de espera y de viaje.

El modelo propuesto por Atuc equilibraría el reparto entre las tres ramas de la Administración y se liberarían recursos a los Ayuntamientos

Esta revisión de los impuestos medioambientales es uno de los tres ejes sobre los que se debe sustentar el cambio hacia medios de transporte sostenibles, junto con la próxima Ley del Cambio Climático y los planes urbanos de movilidad. Todo para reducir el impacto que tiene la contaminación del aire, que cada año provoca la muerte en nuestro país de más de 25.000 personas. Y en ello mucho tiene que ver el transporte por carretera, que representó en 2015 una cuarta parte de todas las emisiones de CO2. El segundo eje de actuación que propone Atuc es la Ley del Cambio Climático, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Para la entidad es necesario que haya uno o varios artículos destinados a la promoción coordinada de todas las Administraciones públicas con competencias en materia de transporte, con medidas y acciones hacia un nuevo modelo de transporte urbano. Además, esta ley debería incluir un artículo específico para asegurar una financiación estable por parte del Estado a partir de los impuestos a los hidrocarburos.

Impulso en los planes de movilidad

Finalmente, y como tercer eje de actuación, se encuentran los planes de movilidad urbanos, especialmente de las grandes ciudades. En todos ellos se constata que hay una desproporción entre el uso que se la da al coche, que en las grandes ciudades no alcanza el 25% en el reparto modal de los desplazamientos, y el espacio urbano asignado a éste que es del 90%.

Se apunta a la necesidad de incluir las áreas metropolitanas de las ciudades y estar coordinados con los municipios de alrededor. También han de promover la integración modal, incluyendo otros medios sostenibles como el carsharing o la bicicleta, así como explorar el transporte a la demanda para zonas de baja densidad de población. Todo ello requiere unas necesidades de financiación e inversión públicas que deben estar garantizadas dentro de una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito estatal, de la que España carece siendo una excepción en Europa.

En este sentido, el modelo propuesto por Atuc prevé aumentar el peso de la financiación del Estado y de las Comunidades hasta el 30%. A su vez, los Ayuntamientos se responsabilizarían del 25% y los ingresos tarifarios del 45%. De esta manera, se equilibraría el reparto entre las tres ramas de la Administración y se liberarían recursos a los Ayuntamientos que podrían destinarlos a otros usos sociales, ambientales, etc.

Según el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “la culminación de toda esta batería de medidas sería la puesta en marcha de un Ministerio de Movilidad que sustituiría al de Fomento, una palabra que se asocia más al modelo de hormigón. De hecho, ya existe un precedente en Francia, pues el Gobierno de Macron ha creado un Ministerio de Transportes y la ministra procede de la Ratp, el transporte público de París”.

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