Aecoc, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-Alimentarias y FIAB realizaron ayer un llamamiento conjunto al Gobierno de España para “una intervención urgente en un conflicto que se ha convertido en un problema de Estado, con un impacto sobre la economía y los ciudadanos que no admite demora”, entendiéndose como “inaplazable el poner fin a esta situación que está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos”.
La cadena de valor hace balance del impacto que el paro está teniendo sobre su actividad, que ya es muy elevado
Del mismo modo, se exige la seguridad y el derecho a trabajar de los transportistas que no quieren sumarse al paro, y que quienes lo secundan no coaccionen al resto de los sectores de la cadena ni impidan la libre circulación de mercancías.
El RDL, aparcado
Aunque parecía el principal caballo de batalla hace muy pocos días,
el RDL ha pasado a segundo plano
Así, José María Bonmatí, director general de Aecoc, reclama al Gobierno “que acelere en las medidas necesarias para los transportistas”, y al mismo tiempo, solicita “responsabilidad a los convocantes de la movilización”, pidiéndoles que acaben “con una coacción que está provocando el cierre de las fábricas de algunos sectores fundamentales, como el de la alimentación”.
Datos del impacto
Según los datos de Aecoc y del resto de entidades del gran consumo, el paro está teniendo ya “un gran impacto en toda la cadena alimentaria (sector primario, industria, transporte y distribución), provocando graves daños económicos, la paralización y el cierre de fábricas y poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo. De mantenerse el paro, los daños sobre un sector que aporta a la economía española más de 4,5 millones de empleos y el 20% del PIB pueden ser irreparables”, concluyen.
