El “Estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús”, dado a conocer hoy por el organismo consultivo, propone la liberalización del transporte de viajeros por carretera para las rutas de media y larga distancia tal y como se producido en países del entorno, como Alemania, Italia, Francia, Alemania o Portugal., y que ha tenido resultados positivos para los viajeros, como son menores precios, un aumento de la conectividad y de frecuencias y una mejor calidad del servicio.
La CNMC considera que el contexto actual, y cuando está encima de la mesa el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, es idóneo para plantear una liberalización del mercado, tal como indica la tendencia europea, y recuerda que la Comisión Europea ha aprobado una Propuesta para liberalizar los trayectos nacionales superiores a 100 kilómetros, que ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y está pendiente de aprobación por el Consejo de la UE.
La apertura de las líneas “rentables”, que sostienen el sistema, haría que el conjunto de la red se viniera abajo y se precisarían fuertes subvenciones para contrarrestar un progresivo aislamiento, incomunicación y pérdidas de conexiones de muchas poblaciones de la España vaciada
Asimismo Confebus valora positivamente las conclusiones del estudio que ha presentado la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús en todos los aspectos relativos a los pliegos de las concesiones y la mejora de la eficiencia y la competitividad en las mismas, sin embargo considera que la propuesta de liberalización de los trayectos de más de 100 kilómetros no se ajusta a las necesidades del mercado español, ya que en su opinión pondría en peligro el servicio de transporte para miles de personas.
Para Anetra este informe no solo aboga por la liberalización de determinados trayectos, que “para nosotros es un primer paso, sino que pone sobre la mesa de justificar y cuantificar las Obligaciones de Servicio Público (OSP), garantizando la metodología y transparencia de estas sin discriminar y distorsionar la competencia entre las distintas opciones de movilidad disponibles para los usuarios”. El análisis expone que España representa actualmente el mayor mercado europeo que mantiene un sistema concesional en el transporte en autobús de media y larga distancia. Esto supone que empresas privadas prestan el servicio en régimen de monopolio a través de una concesión administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas.
En la actualidad funciona en España el sistema concesional, que si bien permite que las concesiones de adjudiquen a las empresas que ofertan mejores condiciones de calidad y precio a los usuarios, en el estudio de la CNNM se considera que ese sistema, vigente, tiene margen de mejora desde el punto de vista de la competencia y de la regulación económica eficiente. Y, se recuerda que, a finales del año 2019, un 52 por ciento de las concesiones españolas, tanto estatales como autonómicas, estaban caducadas: que la duración media de las mismas supera la duración legal máxima de diez años, e incluso alguna los 30 años de media. Y, sobre todo, que hay falta de competencia, dado que existen ventajas de los concesionarios iniciales frente a otros licitadores. Por ello, a juicio de la CNMC se abre una ventana de oportunidad para reevaluar el sistema concesional y plantear una liberalización del mercado, de tal forma que, frente a la rigidez del sistema concesional, las empresas puedan adaptar sus servicios a la demanda con mayor rapidez, crear nuevas rutas o ajustar las existentes.
Necesidad de renovar las concesiones
Desde Confebus ya se viene poniendo de manifiesto desde hace años la necesidad de mejorar el diseño de los pliegos de las concesiones, de forma que se favorezca la concurrencia empresarial y se refuerce la cooperación interterritorial, aspecto plenamente coincidente con las recomendaciones de la CNMC. La Confederación considera fundamental la apuesta por una actualización coordinada y ambiciosa de los mapas concesionales de todas las administraciones y que las licitaciones públicas de estos servicios sean equitativas y equilibradas, de manera que los aspectos económicos no sean el requisito principal, sino que se prime la sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental y económico, destacando siempre la seguridad, la innovación y la calidad. Por otra parte, también se produce una coincidencia con las recomendaciones del estudio de la CNMC en lo relativo a la necesaria renovación de las concesiones y el refuerzo del carácter excepcional de las prórrogas.
La transparencia y el acceso a los datos de las concesiones es otra reivindicación de la Confederación que se ve reflejada en las conclusiones de este estudio, así como la importancia de la cooperación entre administraciones y de la colaboración público-privada para alcanzar un diseño más eficiente de la red de transporte público en nuestro país, red considerada por otra parte por la Unión Europea como una de las más tupidas del continente y con más capilaridad, alcanzando prácticamente a la totalidad de los territorios y conectando más de 8.000 municipios a diario. Es precisamente la colaboración público-privada en el transporte de viajeros por carretera un modelo de éxito en España y, por eso, se considera que el sector ya está liberalizado, puesto que a las licitaciones públicas se pueden presentar todas las empresas. La modificación que se propone en un sector tan estratégico como el del transporte de personas es una cuestión que hay que tratar con sumo cuidado porque afecta a una parte muy importante de la población y ha hecho que, en otros países europeos, los operadores hayan abandonado las conexiones rurales y entre pequeñas poblaciones por su falta de rentabilidad, así como reducido las expediciones a los horarios de mayor demanda.
La apertura de las líneas “rentables”, que sostienen el sistema, haría que el conjunto de la red se viniera abajo y se precisarían fuertes subvenciones (más de 500 M€ al año en el caso de las líneas de titularidad estatal) para contrarrestar un progresivo aislamiento, incomunicación y pérdidas de conexiones de muchas poblaciones de la España vaciada. La Confederación Española de Transporte en Autobús considera que mantener el modelo concesional de colaboración público-privada, en el que se combinan en una misma ruta los tráficos que son rentables con otros que no lo son, permite atender las demandas de movilidad de colectivos con menores recursos, como jóvenes, mayores y personas con movilidad reducida desfavorecidos, así como mantener el carácter estratégico de este transporte, para la cohesión y el equilibrio territorial, en un contexto de pérdida de población en gran parte de nuestro país.
A su vez, la Comisión Europea reconoce al mercado español de transporte de viajeros por carretera como el más desarrollado de la UE y que la liberalización en España, como mucho en 2030, haría crecer el mercado un 0,5%. Asimismo, reconoce que los mercados de transporte de viajeros por carretera que se han liberalizado como Reino Unido, Alemania, Francia o Italia ya están dominados por una sola empresa, o empiezan a estarlo, o se han concentrado en pocas manos. La Confederación quiere insistir en que el sistema concesional de transporte interurbano en autobús es clave para garantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad universal en nuestro país, teniendo en cuenta sus características en cuanto a dispersión geográfica y de población y la poca capilaridad de la red ferroviaria, que confieren una situación excepcional al mercado español y que no puede equipararse a lo que sucede en otros países de la Unión Europea.
En este sentido, la CNMC reconoce en su informe el buen funcionamiento del modelo español de competencia regulada, un modelo que se ajusta plenamente al derecho de la Unión. Por todos estos aspectos, Confebus considera que la recomendación de liberalizar los trayectos de más de 100 kilómetros no tiene ningún sentido en nuestro país y es contrario a los ciudadanos al poner en peligro su derecho a la movilidad, elemento clave en el desarrollo social y económico de nuestro país, en donde el autobús cumple una función social esencial. Nuestro sistema concesional es mejorable desde luego, pero conforma un modelo de transporte equilibrado y atractivo que asegura nuestra movilidad y con escaso coste para las administraciones públicas.
Subvenciones cruzadas
Para Anetra es también muy importante el hecho de que incide sobre las subvenciones cruzadas entre las concesiones y los servicios comerciales con el fin de evitar desventajas competitivas y subsidios que distorsionen la libre competencia, algo que se viene denunciando desde la asociación hace años. Así mismo trata de la necesidad para promover la competitividad, de la existencia de operadores de menor tamaño, fomentar la división en lotes y relajar los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos, “algo que favorece a las Pymes a las que representamos y por lo que reiteradamente hemos interpuesto demandas”. Desde la Comisión se recomienda, además, en sus conclusiones, que se establezca un organismo regulador independiente que supervise el proceso de liberalización y resuelva posibles conflictos. En cuanto a los trayectos que no queden liberalizados, desde el órgano regulador se apuesta por la mejora en el diseño de los pliegos de licitación, con el fin de eliminar barreras a la competencia y asegurar una gestión eficiente de las concesiones restantes. Asegurar una adecuada gestión de las concesiones, licitando las que estén caducadas, liberalizando las concesiones caducadas tras dos años desde su caducidad si no se ha convocado un nuevo concurso y únicamente recurrir a las prórrogas en situaciones excepcionales.
