Sin embargo, el Sector sigue reclamando que se articule alguna medida similar para el transporte por carretera, ya que en caso contrario, supondría un “agravio comparativo y una doble discriminación”, tal y como señala Fandabus.
‘El Gobierno está incurriendo en una práctica que puede suponer competencia desleal’
La Federación andaluza explica que “esta medida da un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen, que son la mayoría en Andalucía”, al tiempo que “prima a un modo de transporte frente al autobús, que es el transporte que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta”.
Por esta razón, la Federación Andaluza del Transporte en Autobús cree que “el Gobierno está incurriendo en una práctica que puede suponer competencia desleal de un operador público frente a muchas empresas privadas, que prestan el servicio público de transporte”.
‘Palo en las ruedas’
Las consecuencias de esta medida serán “nefastas para las empresas de transporte de viajeros por carretera”, continúan desde Fandabus, “ya que se desplazará la demanda en todos los corredores coincidentes con el ferrocarril, demanda que será difícil de recuperar una vez se haya eliminado la medida. Con esta decisión, de no ampliarse a todo el sistema de transporte público, se dañaría más aún a un Sector, el único que garantiza la movilidad en todo el territorio, que ya se encuentra en una situación muy complicada tras el impacto que supusieron las medidas de restricción de la movilidad provocadas por la pandemia del Covid, y que aún no ha recuperado los niveles de demanda pre-pandemia”.
La Federación andaluza ha elaborado distintas listas de posible ayudas para el Sector
A todo esto habría que sumar “las consecuencias del extraordinario incremento del precio de los combustibles, que está teniendo un enorme impacto en las cuentas de resultados de las empresas del Sector. Este anuncio es un ‘palo en la rueda’ de un sector estratégico y que garantiza en muchos territorios, especialmente de las zonas rurales, el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienestar, como son la educación, la sanidad y el trabajo”, concluye Fandabus.
