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Anfac y Sernauto apuestan por una política que garantice la competitividad
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Anfac y Sernauto apuestan por una política que garantice la competitividad

Han lanzado varias propuestas para ello en su informe 'Nuevos retos del sector de la automoción en España' publicado recientemente

jueves 21 de septiembre de 2023, 07:00h

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la Asociación Española de Proveedores de la Automoción (Sernauto) han publicado el informe 'Nuevos retos del sector de la automoción en España'. En él, identifican las áreas sobre las que el sector debe actuar e invertir recursos, con el objetivo de establecer una visión sobre una nueva política industrial coordinada que permita abordar con éxito el proceso de transformación tecnológico e industrial al que se enfrenta la automoción.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha calificado el informe como "la piedra angular que servirá para establecer las políticas de acción que debemos poner en marcha para potenciar la posición de España en la industria de la automoción y convertir a nuestro país en un hub de movilidad sostenible en Europa y el mundo". Por su parte, José Portilla, director general de Sernauto, ha recalcado que el informe "pone el foco en la necesidad de reforzar la soberanía industrial y la relocalización de componentes críticos para el desarrollo de los vehículos electrificados, sin olvidar que toda la cadena de valor ha de asentar sus bases sobre el marco de una fuerte inversión y apuesta por el I+D+i que nos mantenga competitivos y nos permita acometer esta transición con éxito".

Cinco ejes fundamentales

El documento establecer cinco políticas clave, analizando el contexto actual del sector, marcado por la incertidumbre económica, las nuevas normativas y la inflación, para desarrollar sus propuestas:

  1. Control sobre la cadena de valor: Para lograr que España pueda estar presente en todas las etapas de la cadena de producción del vehículo electrificado, proponen incentivar la implantación de gigafactorías de baterías y la producción de componentes electrónicos de valor añadido, así como simplificar la concesión de permisos y reducir las trabas burocráticas para la extracción de litio.
  2. Apostar por la tecnología, el conocimiento y la I+D+i: En este sentido, señalan la importancia de avanzar en la generación, retención y aprovechamiento del ecosistema de innovación y crecimiento industrial, que pasa por establecer un sistema que potencie las deducciones fiscales en I+D+i, fomente la digitalización en toda la cadena de valor e incentive el establecimiento de centros de desarrollo tecnológico y de conocimiento.
  3. Aprovechamiento sobre la normativa verde: Incidiendo en acciones como el remanufacturing de vehículos y componentes, la implementación de un sistema estándar para la monitorización de la huella de carbono, o potenciar el uso de energías renovables con el fin de aprovechar el origen renovable existente en nuestro país para convertirlo en un factor diferencial.
  4. Adecuación al mercado del vehículo eléctrico: Proponen una mayor adaptación a la industria al nuevo modelo de vehículo eléctrico, flexibilizando las ayudas directas al CAPEX y no solo al OPEX, desarrollando un marco normativo que favorezca las inversiones privadas, y apostando por la formación, con programas que permitan readaptar las habilidades de los profesionales. Además, creen que debe establecerse un marco de medidas, tanto de ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos como para el desarrollo de infraestructura de recarga.
  5. Creación de un ecosistema económico y político favorable: Sostienen que España debe reposicionarse como un país favorable a la fabricación de componentes y automóviles y a la comercialización de estos. Para ello, piden fijar un interlocutor único y directo de la industria con la administración, y remarcan otro tipo de iniciativas como dotar de visibilidad y estabilidad al precio de la energía, redimensionar los recursos destinados al Ministerio de Industria o reducir la burocracia y unificar procesos administrativos entre Comunidades Autónomas.