Este expediente surge por denuncia directa del propio organismo que contrata el servicio de transporte escolar en Andalucía, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE-Andalucía), y cuyo resultado finalmente impone una multa a esta asociación de 52.572 euros.
En la denuncia se exponía que una vez adjudicado el contrato de transporte escolar, y en el transcurso de la ejecución, el ISE Andalucía comenzó un proceso de reajuste de las prestaciones para rediseñar algunas de las rutas para el segundo de los cursos escolares contratado y así adaptarlo a las necesidades reales, debido al menor número de alumnos respecto a los previstos inicialmente.
Como resultado de este proceso, Apetam (a través de un escrito firmado por su secretario general), a la que pertenecen la gran mayoría de las empresas adjudicatarias del transporte escolar público en la provincia de Málaga, puso en conocimiento de ISE Andalucía que, de no regularizarse de forma inmediata las situaciones alteradas no se efectuaría transporte escolar público en la provincia durante una serie de días del mes de mayo de 2011, adjuntando un anexo con empresas, firmado por sus representantes, que secundaban tal medida.
Igualmente, en este contexto, durante el mes de julio de 2011, Apetam hizo llegar a ISE Andalucía la escritura pública de poder de representación y otros poderes otorgados por empresas adjudicatarias del citado concurso público y en virtud de los cuales indistintamente el secretario general de Apetam y otra persona, relacionada con la misma podrían, entre otras cuestiones, asistir a concursos públicos y presentar propuestas económicas en nombre de todos los poderdantes, constituir, modificar, extinguir y liquidar contratos administrativos.
