El pasado mes de abril, el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el peaje a camiones en la
N-1 y A-15 puesto en marcha en enero por la
Diputación Foral de Guipúzcoa, y que afecta a los
más de 10.000 camiones que transitan por ambas vías, afectando principalmente a los transportistas de larga distancia que las utilizan como tránsito obligado hacia el resto de Europa. Así, como ya denunció
Fenadismer, se han producido casos de
cobros indebidos a categorías de vehículos no sujetos al pago del peaje.
Pese a ser declarado ilegal por su carácter discriminatorio, la Diputación de Guipúzcoa decidió mantener vigente el peaje hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso de casación interpuesto tanto por el propio Gobierno provincial como por las Juntas Generales de Guipúzcoa, para de este modo mantener los ingresos millonarios que mensualmente recauda de los transportistas, aún con el riesgo de tener que devolverlo en caso de que el Tribunal Supremo finalmente ratifique la nulidad del peaje.
La nueva regulación establecerá dos nuevos pórticos de control de pago del peaje y ampliará el tramo sujeto al canon
Sin embargo, en una nueva huida hacia delante, la Diputación de Guipúzcoa ha elaborado una propuesta de modificación de la vigente regulación del peaje, a fin de garantizar que en el caso de que el fallo fuera finalmente desestimatorio a sus intereses, puedan mantener la pervivencia del sistema de cobro a los transportistas que transiten por ambas vías.
Así, el nuevo “parche legal” que prepara la Diputación de Guipúzcoa para la aprobación de las Juntas Generales, pasaría por establecer dos nuevos pórticos de control de pago del peaje (en Astigarraga y en Andoaín) y ampliar el tramo sujeto al canon, para tratar, de esta forma, de “camuflar el carácter discriminatorio de la actual regulación del peaje”.
Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), considera esta propuesta una “falta absoluta de respeto a nuestro sistema judicial, al pretender sortear las decisiones del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo mediante la aprobación de una nueva regulación con el objetivo de que dichas sentencias no tengan efecto práctico en el actual sistema de peaje a camiones”, lo que se considera una “burla”, tanto a la propia Justicia como al colectivo de transportistas guipuzcoanos y del resto de España, afectados por la “voracidad recaudatoria” de la Diputación guipuzcoana.
