Sindicatos

Correos y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, que representan a la mayoría de la plantilla, han alcanzado hoy un importante acuerdo que sienta las bases de las relaciones laborales en la Compañía hasta el año 2020, apostando por el Servicio Postal Universal (SPU) y por el fortalecimiento empresarial para la diversificación, la internacionalización y los nuevos retos del futuro. El pacto negociado incluye el mayor plan de estabilización de empleo afrontado por Correos en los últimos años, por lo que las partes firmantes consideran que es un acuerdo sin precedentes.

La alegría por el acuerdo alcanzado al fin entre patronal y los sindicatos de la estiba es latente en el Ministerio de Fomento, desde donde se celebra el fin a los paros y la vuelta a la estabilidad de los puertos con el mantenimiento del empleo garantizado.

Diversos representantes del International Dockworkers Council (IDC), encabezados por el Coordinador General, Jordi Aragunde; y el Coordinador de la zona europea, Anthony Tetard, se reunieron en Barcelona para analizar los últimos acontecimientos en el sector de la estiba portuaria y “mostrar nuestro apoyo incondicional a nuestros compañeros españoles”, en palabras del sindicalista francés, en una semana clave para encontrar una solución pactada al conflicto generado por la convalidación del Real Decreto Ley presentado por el Gobierno español de forma unilateral.

Tras semanas de negociaciones, los estibadores y la patronal Anesco han logrado llegar a un principio de acuerdo en el que se garantice la subrogación por ley al que el Gobierno no se ha sumado.

Aevecar (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles) Ceees (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio), UGT, CCOO y Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) apoyan el mantenimiento de la actual legislación en varias comunidades autónomas españolas y se posicionan en contra de las gasolineras automáticas.

Los grupos parlamentarios PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, PDCat, EH Bildu, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Marea, con su negativa, y también Ciudadanos, con su abstención, han logrado que la responsabilidad se imponga en el Congreso y no se convalide el Decreto Ley propuesto por el ministro de Fomento, autoritario, que no cuenta con el consenso del sector de la estiba. Este es el punto de vista de los sindicatos ante la situación que se está produciendo.

CORREOS ha explicado que está negociando con las organizaciones sindicales del IV Convenio Colectivo y Acuerdo General y la mesa continúa abierta, ante la huelga que convocaron ayer  los sindicatos CC.OO, UGT, CSIF y Sindicato Libre. La empresa postal confía en encontrar puntos de acuerdo con respeto a las empresas públicas.

En la última reunión del Consejo Balear de Transportes, llevada a cabo la semana pasada, se ha aprobado la creación de dos comisiones de trabajo para paliar el intrusismo en el transporte de viajeros y mercancías existente en temporada alta en las islas Baleares. Cada comisión estará compuesta por nueve miembros.

Los organizadores calculan que cerca de un 60% de trabajadores del sector de los transportes públicos y privados secundó la jornada de huelga del pasado viernes. La acción está destinada a mostrar el rechazo a los Presupuestos Generales para 2015 anunciados por el Gobierno de Matteo Renzi y a su reforma laboral, que facilita el despido para impulsar nuevas contrataciones, según el plan del Ejecutivo.

Los conductores de autobuses han solicitado formalmente la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada, adelantándose a los transportistas de mercancías. A pesar de los avances en el sector de autobuses, los camioneros siguen sin un calendario definido, esperando que esta iniciativa beneficie a todos los conductores profesionales. Así, el sindicato subraya que el trabajo de los conductores de autobuses “es excepcionalmente penoso y de alto riesgo”, recordando las largas jornadas, la exposición al estrés y la responsabilidad diaria sobre la seguridad de los pasajeros. Así, aunque la solicitud marca un avance significativo para los autobuseros, el proceso todavía será largo.

Este martes 15 de octubre, la huelga general convocada en toda España está impactando de lleno en el transporte público, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. La protesta, organizada por varios colectivos y sindicatos en solidaridad con el pueblo palestino, ha obligado a activar servicios mínimos que reducen notablemente la frecuencia de trenes, autobuses y metros, generando alteraciones visibles en la movilidad diaria. Las autoridades insisten en mantener la calma, consultar los canales oficiales y planificar los desplazamientos con margen, mientras se suceden concentraciones y manifestaciones en distintas zonas urbanas. Todo apunta a que el día estará marcado por la protesta social y la necesidad de adaptar la rutina a un contexto de movilidad limitada.

La falta de conductores y la necesidad de avanzar hacia un marco laboral más justo marcaron el Diálogo de Implementación sobre Movilidad Laboral Justa celebrado en Bruselas. En este foro, organizado por la Comisión Europea, la IRU puso sobre la mesa propuestas prácticas para simplificar la aplicación de las normas laborales en el transporte por carretera, atraer nuevos talentos y reforzar la sostenibilidad del sector. La organización reclamó herramientas digitales que faciliten las operaciones transfronterizas, mayor claridad jurídica en materia de seguridad social e igualdad de derechos para todos los profesionales, tanto europeos como extracomunitarios, recordando que sin medidas urgentes Europa no podrá cubrir las 500.000 vacantes actuales de conductores.

Según un estudio de la Comisión Europea, en 2022 se registró un déficit de más de 390.000 plazas de aparcamiento seguras para camiones, cifra que podría superar las 483.000 en 2040 si no se toman medidas efecivas

La Federación Andaluza Empresarial de Transportes en Autobús (Fandabus) celebró el pasado jueves, 5 de junio, su Asamblea General anual en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla. La cita reunió a representantes de empresas de transporte regular, turístico y escolar de toda Andalucía, así como a autoridades, sindicatos y proveedores del sector.

Después de años de lucha y meses de espera, los conductores profesionales por carretera vuelven a tener motivos para creer en un retiro digno. El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que permite reactivar el procedimiento para que este colectivo —clave para el país, pero históricamente olvidado— pueda acceder a la jubilación anticipada. Una medida largamente reivindicada por asociaciones del transporte y sindicatos que, ahora sí, podría empezar a hacerse realidad. Porque quienes pasan la vida al volante también merecen llegar a destino con tiempo y con derechos.

La IRU respalda a los conductores de terceros países en Europa, destacando la necesidad de un trato justo y el cumplimiento de derechos laborales. Ante las protestas recientes, se exige a las autoridades combatir abusos en el sector, crucial para abordar la escasez de conductores y garantizar condiciones dignas.La directora de Defensa para la UE de IRU, Raluca Marian, ha señalado que “estas protestas ponen en evidencia la urgente necesidad de asegurar que todos los empleadores de la Unión Europea proporcionen un trato justo a los conductores de terceros países. Estos trabajadores son esenciales para el sector europeo del transporte por carretera y merecen ser tratados con el mismo respeto, equidad y dignidad que sus homólogos comunitarios”.

Las empresas del sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Sevilla, compuesto por la Federación Andaluza Empresarial del Transporte (Fadabus), y la Asociación del Transporte Escolar y Discrecional de la provincia de Sevilla (Atedibus) y los sindicatos han cerrado un preacuerdo para la firma del Convenio Colectivo Provincial de Conductores de Autobús hasta el año 2027. El acuerdo definitivo se firmará en las próximas semanas.

El Gobierno propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, respaldada por sindicatos y criticada por patronales. La reforma afectará a más de 12 millones de trabajadores y contempla multas de hasta 10.000 euros por incumplimiento. El sector del transporte expresa preocupación por su adaptación a normativas europeas. Aunque la norma ya ha sido publicada en el BOE, el Gobierno ha establecido un periodo transitorio que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas deberán cumplir plenamente con el nuevo límite de 37,5 horas semanales. Para facilitar esta transición, especialmente en sectores con condiciones laborales específicas como el transporte profesional, se ha previsto una adaptación progresiva de la normativa. En el caso de los contratos a tiempo parcial, aquellos que igualen o superen la nueva jornada pasarán automáticamente a ser considerados de jornada completa.

Las empresas del sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de Sevilla, representadas por la Federación Andaluza Empresarial del Transporte (Fandabus) y la Asociación del Transporte Escolar y Discrecional de Sevilla (Atedibus), junto con los sindicatos UGT y CC.OO., han firmado el Convenio Colectivo Provincial de Conductores de Autobús, que estará vigente hasta 2027.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha anunciado que el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM) ha aprobado el 48% de las alegaciones presentadas a los anteproyectos del nuevo mapa concesional de líneas de autobuses interurbanos en la región. Esta reestructuración del sistema de transporte supondrá una inversión de 8.000 millones de euros para la próxima década.

La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) rechaza la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, argumentando que afectará gravemente a las pequeñas empresas y su viabilidad económica. Exige un diálogo con el Gobierno para equilibrar la protección laboral y la sostenibilidad empresarial en un contexto de crisis y alta presión fiscal.La organización, que representa a más de dos millones de pymes y autónomos en España, advierte que el impacto económico de esta reforma podría superar los 20.000 millones de euros, afectando gravemente a la viabilidad de las empresas más pequeñas.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) lamenta la falta de acuerdo tras la mediación en el SIMA, debido a que UGT se negó a firmar la solicitud para reducir la edad de jubilación de los conductores. Esto frena mejoras en seguridad y condiciones laborales en el sector. “Lamentamos profundamente que UGT haya decidido no cumplir con el compromiso adquirido en el SIMA, bloqueando avances esenciales para el sector”, han señalado desde la CETM.

El sector de transporte y logística en España inicia 2025 con un aumento de empleo, alcanzando 1,1 millones de afiliados. Sin embargo, enfrenta retos como la jubilación anticipada de conductores y la sostenibilidad. Las matriculaciones de vehículos crecen, pero la electrificación avanza lentamente. Se requieren mejoras en seguridad vial y formación.En cuanto a la electrificación, el número de puntos de recarga pública creció un 32% durante el año pasado, alcanzando 38.275 puntos operativos.

Tras horas de negociación, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y los sindicatos CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), lo que ha permitido desconvocar la huelga que tenían prevista los trabajadores del sector del transporte de mercancías por carretera en España. El acuerdo se centra en varios aspectos clave para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los conductores, así como en una serie de solicitudes a las administraciones públicas para reformar la normativa vigente en el sector.

La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha querido responder al reciente comunicado emitido por CCOO, en el que el sindicato lamenta que no se haya fijado aún una fecha para la entrada en vigor de la nueva normativa relativa a la jubilación anticipada. De hecho, asegura que la negativa de las patronales a fijar una fecha está motivada por la esperanza de que esta contemple mayores exigencias que imposibiliten el acceso a los coeficientes para conductores, así como por el deseo de que el coste adicional que supone la aplicación de coeficientes reductores sea asumido por parte de la administración y no de las empesas.

La Asociación Nacional de Empresarios del Transporte en Autocares (Anetra) ha ratificado, en el marco del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), un acuerdo con el Sindicato Libre de Transporte (SLT) que ha permitido desconvocar la huelga inicialmente planteada por este sindicato. Sin embargo, la huelga sigue convocada por CCOO, a pesar de los acuerdos alcanzados con SLT y del compromiso de UGT de no secundarla.

La Generalitat de Valencia ha puesto en marcha una serie de medidas destinadas a garantizar la movilidad de los empleados de empresas con actividades esenciales, a fin de asegurar la continuidad de los servicios básicos tras las consecuencias de la DANA que ha afectado a la región. Estas disposiciones fueron comunicadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en una reunión con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y representantes de los principales sindicatos.

El Sindicato Libre de Transporte (SLT) demanda para los conductores de autobuses y autocares la posibilidad de contar con una jubilación anticipada con coeficiente reductor, como ya existe en otros sectores de la movilidad como es el de la aviación.

El sector de la logística y el transporte cerró el tercer trimestre de 2024 con un total de 1.249.800 ocupados, lo que supone un aumento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, tal y como reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística. No obstante, este aumento no necesariamente refleja un tendencia optimista.

Con las negociaciones en curso entre el Gobierno, sindicatos y patronales para reducir la jornada laboral semanal en España, las empresas se enfrentan a retos significativos para adaptarse a la nueva normativa que busca establecer 37,5 horas semanales en 2025 sin reducir salarios. Según un análisis de Personio, la digitalización en el control horario y la adaptación de las estrategias laborales serán claves para cumplir con los nuevos requisitos, al tiempo que se asegura la competitividad en sectores como el transporte de mercancías, donde la presencialidad sigue siendo crucial.

La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) ha solicitado a la Junta de Andalucía que se aplique un aplazamiento para todos los autobuses de Andalucía que deben pasar la ITV en estos días y que han visto cancelada su cita por la huelga realizada por los trabajadores de Veiasa.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) ha suscrito con los sindicatos USO, CCOO y UGT el Convenio Colectivo de Transportes Urbanos y Regulares de Cercanías de Viajeros de la Región de Murcia para los años 2024 y 2025. Este contempla una subida en todos los conceptos salariales correspondiente al Índice de Precios al Consumo (IPC) cada año, así como una serie de mejoras laborales y una garantía salarial si la inflación prevista de la suma de los dos años es superada por el IPC real nacional.

En Europa, la escasez de conductores de autobuses y camiones se agrava por el envejecimiento de la fuerza laboral. El IRU propone soluciones como políticas de inmigración personalizadas y movilidad de conductores cualificados para abordar este problema. La colaboración global es crucial para garantizar la seguridad y calidad del servicio en la industria del transporte por carretera.

Se ha iniciado el proyecto SDM4EU para abordar la escasez de conductores en Europa, enfocándose en la colaboración internacional. Se busca apoyar a conductores de países con excedentes para mejorar su movilidad. La iniciativa involucra a diversas partes interesadas y busca crear un marco de empleo para conductores cualificados.

El proyecto SDM4EU busca abordar la escasez de conductores en Europa mediante la colaboración internacional. Se enfoca en identificar las mejores prácticas para respaldar la movilidad de conductores y crear un marco de empleo para conductores cualificados. La iniciativa destaca la necesidad de cooperación global para enfrentar el problema crónico de escasez en la industria del transporte por carretera.