El Gobierno ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. Está dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023. Los potenciales beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga.
La digitalización de las redes de distribución es una medida facilitadora del Perte de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. Con esta medida se pretende generar empleo,además de contrinuir a la recuperación económica. En lo que respecta a las empresas para que éstas puedan acceder a las subvenciones deberán presentar planes estratégicos con las estimaciones de sus inversiones sobre el empleo, la cadena de valor industrial y la contribución a la penetración de nueva generación renovable, que serán publicados en la página web del Miteco.
Por otra parte, desde Anfac han querido transmitir su valoración positiva al conjunto de medidas para el impulso a la recarga de vehículos eléctricos que se ha aprobado en Consejo de Ministros.
“Desde Anfac, valoramos positivamente las medidas para impulsar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos que se han aprobado en el Consejo de Ministros a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Desde la asociación siempre hemos insistido que, si bien es necesario un plan de ayudas que fomente la compra de los vehículos electrificados y la instalación de puntos de recarga, no todo es una cuestión presupuestaria. Hay que ir más allá, con medidas como las que planteamos en nuestro Informe de 16 medidas para impulsar el despliegue de infraestructuras de recarga pública y como las aprobadas, que simplifiquen la instalación y los procesos burocráticos asociados.
El hecho de que sea obligatorio para 2023 la instalación de puntos en parkings no residenciales privados y en otros no adscritos a edificios así como la instalación masiva en todas las estaciones de servicio y en terrenos circundantes a las carreteras del Estado refleja una vocación de cumplir unos objetivos de puntos de recarga y de que no todos los puntos estén en las capitales de provincia, de modo que el vehículo electrificado pueda cumplir la función de recorrer largas distancias con autonomía suficiente. Así, desde Anfac hemos puesto a disposición de las administraciones unos mapas para el despliegue de estas infraestructuras que pueden servir de modelo o guía para esta instalación no centralizada.
Estos anuncios nos indican que vamos por el buen camino para impulsar la demanda del vehículos, la infraestructura y alcanzar los exigentes objetivos de descarbonización que fija el Pniec para 2030”, afirmó José López-Tafall, director general de Anfac.
Ayudas con cargo a los PGE de 2021 a 2023
Desde la página del Gobierno de España aclaran varios de los aspectos que afectan a esta mediad, entre ellos el Real Decreto. Dicho Decreto permite otorgar hasta 525 millones en subvenciones directas entre 2021 y 2023 a las empresas distribuidoras, que operan en régimen regulado en las zonas en que están implantadas. Las cuantías anuales máximas ascenderán a 227 millones con cargo al Presupuesto General del Estado de 2021, otros 148 millones con cargo a 2022 y 150 millones en 2023.
El PRTR financiará hasta el 50% de los activos relacionados con la digitalización de la red y con las infraestructuras necesarias para alimentar puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos –con una potencia superior a 250 kW– situados en la vía pública. Cada compañía recibirá una ayuda proporcional al porcentaje de retribución regulada que recibe sobre el coste total de la actividad de distribución de electricidad.
El Real Decreto autoriza que las distribuidoras incrementen su límite de inversión anual con cargo al sistema eléctrico en una cuantía equivalente a la inversión acometida gracias al apoyo del PRTR durante el año siguiente a la puesta en servicio de los activos resultantes de las inversiones.
