Y es que el Comité Nacional está muy preocupado por la redacción definitiva del Real Decreto-Ley que debe ser aprobado, antes de final de mes, con los acuerdos alcanzados el pasado mes de diciembre.
¿Y qué razón habría para no confiar? Pues, como recoge Fenadismer, existe inquietud por los movimientos que ha realizado en los últimos días “el lobby de las grandes empresas cargadoras, presionado políticamente para tratar de desactivar el contenido del Decreto-Ley.
'Engañados'
Por eso, y “en previsión de que dichas presiones pudieran tener resultado y supusieran desvirtuar las medidas acordadas en su día”, el Comité Nacional de Transporte por Carretera emitió en la tarde de ayer un comunicado, escueto pero muy clarificador, que, además de recoger la frase que abre este artículo, desvela que “de ocurrir así, el sentimiento de haber sido engañados como consecuencia de presiones extrañas podría tener un efecto demoledor, de consecuencias imprevisibles, en el Sector”. Porque a nadie se le ha olvidado que “esos compromisos sirvieron para poner fin a una convocatoria de paro nacional de transporte en los días previos a la Navidad”.
Respuesta sin fisuras
No caben dobles lecturas: el Sector no va a ceder y solo quiere que se cumpla el
compromiso adquirido por la Administración
Las consecuencias de que el texto definitivo no se ajuste a lo acordado podrían ser ‘imprevisibles’
Por su parte, Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic, afirma que “consideramos que es natural que, transcurridos algo más de dos meses desde el acuerdo alcanzado el 17 de diciembre entre el Ministerio de Transportes y el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera para poner fin al paro patronal previsto para los días 20, 21 y 22 de diciembre y con los movimientos que ha habido en algunos sectores, sobre todo de asociaciones de cargadores en contra de algunas de estas medidas, cunda la inquietud. Por nuestra parte, estamos expectantes y vamos a esperar prudentemente a que se plasmen en el Real Decreto-Ley los acuerdos alcanzados con respeto a la seguridad jurídica, para que las normas puedan tener su recorrido en el tiempo y mantenerse”.
