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¿Tendrán los transportistas que comprar vehículos eléctricos?
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¿Tendrán los transportistas que comprar vehículos eléctricos?

El Parlamento Europeo podría fijar cuotas para las grandes flotas, algo a lo que IRU se opone con rotundidad

jueves 18 de enero de 2024, 07:00h
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El Parlamento Europeo maneja la posibilidad de imponer como obligatoria la adquisición de vehículos pesados sin emisiones, propuesta que la IRU rechaza frontalmente.

De hecho, se ha dirigido por carta a todos los Estados miembros para que se alineen con esta posición y se opongan a la idea del Europarlamento, que baraja la opción de incluir tal mandato como parte de la revisión en curso sobre las emisiones de CO2 de los vehículos pesados.

Desde el pasado mes de noviembre, el Parlamento desea incluir un artículo en la normativa que obligaría, potencialmente, a la Comisión Europea a incrementar “la cuota de vehículos pesados de emisiones cero en propiedad o arrendados por los grandes operadores de flotas”.

¿Contrario a derecho?

Ante tal posible situación, Raluca Marian, directora de Defensa de la UE de IRU, afirma rotundamente que "imponer a los operadores privados objetivos obligatorios de compra de vehículos de emisiones cero iría en contra de los derechos básicos garantizados por la Carta de la UE".

Tanto es así que para Marian se podría incluso “violar el derecho a la propiedad y el derecho a realizar negocios”, a lo que se añade la posibilidad de distorsionar el mercado, “ya que la versión del Parlamento prevé que tales restricciones en el uso del capital sólo se apliquen a los grandes operadores”.

No se concibe obligar a comprar vehículos que podrían no adaptarse a todos los tipos de operaciones y son más caros

"Tanto los grandes como los pequeños transportistas tienen márgenes muy estrechos. La obligación de comprar vehículos que potencialmente no se adaptan a su tipo de operaciones y son entre dos y tres veces más caros colocaría inevitablemente a algunos operadores en una situación de desventaja competitiva".

Y no conviene olvidar, la IRU no lo hace, que existe una evidente falta de infraestructura para dar soporte al incremento de este tipo de vehículos, por lo que aboga por olvidarse de la obligatoriedad y articular “incentivos financieros para la adopción de nuevas tecnologías y mediante la creación de las condiciones propicias, incluida la infraestructura, para hacer funcionar esos vehículos”, concluye Marian.