La Asociación del Transporte Internacional por Carretera ha vuelto a rechazar, como en todas las ocasiones anteriores en las que ha sucedido lo mismo, “esta enésima prórroga”, a entender que “es muy incoherente que, por un lado, se abogue por el diálogo y el consenso de los agentes sociales, como es el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC); y por otra, asistamos a la actuación unilateral y sin previo aviso del Gobierno adoptando esta decisión. Nuestro Sector, a través del CNTC, ya decidió que no habría nuevas prórrogas a partir de 2022”, según las palabras de Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Asociación.
En 2016 se establecieron unos límites de facturación anual, de 125.000 euros, así como un periodo de dos años de transición antes de que dicha cantidad se rebajara a 75.000 euros, algo que todavía no ha sucedido.
‘La discriminación que sufren las empresas con forma jurídica es inaceptable e indignante en las formas’
“El hecho de que durante los últimos seis años, y durante 2023 como parece ser ahora con esta séptima ampliación, unos 27.000 transportistas hayan podido acogerse al régimen de módulos, provoca una enorme discriminación fiscal al permitir a los transportistas autónomos tributar menos que el resto de empresas con las que compiten en el mercado, compañías grandes, medianas y pequeñas que han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener y ampliar inversiones y empleo, afrontando grandes riesgos en tiempos muy convulsos. Esta medida favorece la fragmentación de un Sector, como el transporte de mercancías por carretera, que ya de por sí está tremendamente atomizado al contar con más de 100.000 empresas, de las cuales solo el 4% son grandes compañías, como las que forman parte de nuestra Asociación”, destaca Valdivia.
“Lo que necesita nuestro Sector”, a juicio del vicepresidente, es “músculo empresarial y no continuar perpetuando un ecosistema de microempresas, porque esta hiperatomización se traduce en bajo potencial de crecimiento, menor productividad sectorial, debilidad a la hora de negociar con clientes y proveedores y poco atractivo para atraer talento joven a la profesión de transportista. Un asunto este último que no es baladí si tenemos en cuenta que nuestro país necesita entre 18.000 y 20.000 conductores profesionales de camión”, a lo que se suma que “más del 70% de los que están ahora en activo tiene más de 50 años y no hay reemplazo para los transportistas que se retiran”.
El 50% de las empresas cuentan con un único vehículo; y en el 80% sus parques rodantes no superan los cinco camiones
“Desde Astic siempre hemos creído que el sistema de módulos debe desaparecer y, aun así, hemos sido bastante flexibles en la mesa de negociación, ya que somos conscientes de que los transportistas con uno o dos camiones necesitan tiempo para adaptarse a una nueva manera de tributar. Por eso mismo, acordamos dos años de transición, pero siete ya nos parece abusivo”, recalca Ramón Valdivia.
Cotizaciones a la Seguridad Social
Desde la patronal del transporte internacional se considera que la subida de las bases máximas de cotización “atenta contra el crecimiento de las medianas y grandes empresas, genera inseguridad jurídica y frena la competitividad de nuestra economía”. Según los datos aportados por Astic, en 2023 estas cotizaciones subirán en torno al 8,6% (en 2022 este incremento fue del 1,7%). Una medida que supone para las empresas pagar al año unos 1.600 euros más por cada.
2023 y...
Serán siete los años de prórroga del límite para
tributar por módulos, de momento
“De nuevo, una medida que el Ejecutivo ha adoptado unilateralmente en los presupuestos para 2023 y que supondrá para las compañías españolas un nuevo aumento de los costes asociados al factor trabajo. Un enorme impacto para los operadores de transporte ya que el coste laboral es, junto al del combustible (aproximadamente un tercio cada uno), la mayor partida de los costes de operación de una empresa de transporte”, indica Valdivia.
Por todo ello, “la discriminación en el transporte por carretera”, ya sea fiscal (régimen de módulos frente a sociedad mercantil) o laboral (cotizaciones de la Seguridad Social), “que sufren las empresas con forma jurídica frente a los autónomos y cooperativas es inaceptable. E indignante también en las formas, ya que estas medidas se han adoptado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por la puerta de atrás y sin dar ninguna explicación”, concluye Valdivia.
