Esta amenaza de aranceles plantea una carga financiera potencial de 4.300 millones de euros para los fabricantes de vehículos de la UE en los próximos tres años, lo que estiman que podría llevar a una reducción en la producción de vehículos eléctricos de aproximadamente 480.000 unidades. Para poner dicho dato en perspectiva, esta reducción equivaldría a la producción combinada de dos fábricas automotrices de tamaño promedio.
"Aumentar los precios al consumidor de los vehículos eléctricos europeos, especialmente en un momento en el que necesitamos competir de manera agresiva en el mercado global, no es una medida favorable, ni desde el punto de vista empresarial ni desde una perspectiva medioambiental" comentó Luca de Meo, presidente de Acea y CEO del Grupo Renault. "En efecto, corre el riesgo de ceder una parte significativa del mercado a los fabricantes globales".
La producción de baterías, en el centro del problema
Este cambio normativo, programado para enero, introduce unos requisitos de reglas de origen más estrictos, estableciendo que la única forma de evitar dichos impuestos es adquirir todos los componentes de la batería y los materiales críticos exclusivamente dentro de la región de la Unión Europea y el Reino Unido. No obstante, dicho cambio en la cadena de suministros es imposible de llevar a cabo en tan pocos meses, motivo por el que la asociación solicita que se intervengan a nivel institucional. Pese a que se han realizado inversiones en la producción de baterías europeas, se necesita tiempo para producirlas a la escala necesaria para cumplir este requisito, haciendo necesario otro tipo de solución.
"Hay una solución muy simple y directa: extender el período actual de implementación de las reglas de batería por tres años. Instamos a la Comisión a hacer lo correcto" concluyó de Meo.
