FENADISMER

Fenadismer considera insuficiente y no ejemplarizante la multa impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a REPSOL, CEPSA, y otras petroleras por fijación de los precios en las estaciones de servicio. La multa ha sido de 20 millones de euros a Repsol, 10 millones de euros a Cepsa, y 1,3 millones de euros a DISA.

Las asociaciones de transportistas rechazan la intención del Ministerio de Fomento de prohibir la circulación de camiones en las carreteras nacionales obligándoles a circular por las autopistas de peaje. Las asociaciones comparten la política de descuentos para incentivar la utilización de las autopistas por los camiones siempre que tenga carácter voluntario.

El 24 de febrero las organizaciones nacionales de transportistas se congregaron en la sede del Ministerio de Fomento para analizar el Plan elaborado por el Gobierno en el que se pretende vedar la circulación de los camiones de más de cuatro ejes en más de 1.300 kilómetros de las actual red de carreteras nacional.

La III Cumbre Político-Empresarial, celebrada ayer en Madrid bajo la organización de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, incluyó una mesa de representantes del colectivo autónomo,  que coincidieron en exigir un régimen sancionador que permite al cumplimiento de la normativa vigente.

Fenadismer toma parte en el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el Sector del transporte por carretera desde 2012. En este último mes de enero se han extraído datos tales como que el medio de pago  preferido por los clientes de los transportistas es el confirming y hay un 79% de pagos que incumplen en materia de morosidad.

El Ministerio de Fomento comunicó la semana pasada su intención de establecer un Plan mediante el cual se prohibiría la circulación de camiones en más de 1.300 km de las actuales carreteras nacionales. Los camiones, por lo tanto, estarían obligados a utilizar autopistas de pago. El Plan sería aprobado en las próximas fechas.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha remitido al Ministro de Industria un escrito para aportarle diferentes propuestas con ocasión del debate abierto en la sociedad española por la coyuntura internacional y la evolución del precio del  petróleo.

Los plazos de pago se sitúan en 87 días de media incumpliendo la Ley de morosidad un 74% de los clientes de los transportistas, constatándose una disminución de los plazos de pago frente al mes anterior, según el Observatorio de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España de Diciembre de 2014, publicados por Fenadismer.

Un año más continúa vigente la obligación para las empresas transportistas dadas de alta en el Censo de Beneficiarios del Gasóleo Profesional de comunicar los kilómetros que han realizado sus vehículos de transporte en el año anterior a la Agencia Tributaria.  Dicha obligación debe realizarse por Internet a través de las asociaciones territoriales de Fenadismer antes del 31 de marzo de este año.

La Federación de Asociaciones de Transportistas de España respalda las decisiones de los gobiernos autonómicos de Cantabria y Castilla y León y anima al resto de comunidades autónomas a seguir el ejemplo. El recargo autonómico supone hasta 4,8 céntimos por litro de carburante.

"La Generalitat de Cataluña pretende incrementar su campaña de acoso contra los camiones que circulan por las carreteras catalanas que ya inició el pasado año 2013, cuando acordó la prohibición absoluta de circulación a los camiones en casi 100 kilómetros de la N-II en la provincia de Girona hasta la frontera francesa, obligándoles a circular por la autopista de pago AP-7".

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que aplique sanciones ejemplarizantes contra las compañías petrolíferas en los expedientes de investigación que tramita dicho organismo por prácticas restrictivas de la competencia y de fijación de precios en la venta de carburantes en España.

Los plazos de pago en Noviembre se sitúan en 90 días de media incumpliendo la Ley de morosidad un 69% de los clientes de los transportistas, constatándose un importante incremento de los plazos de pago frente al mes anterior, según el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera de Fenadismer.

Las organizaciones que componen la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte Fenadismer, han acordado convocar una Cumbre Reivindicativa en Febrero para acordar las movilizaciones en protesta por el incumplimiento del Ministerio de Hacienda de aprobar un régimen sancionador contra la morosidad.

La retirada del volante se complica para cientos de transportistas autónomos que, tras décadas en la carretera, esperaban acogerse a las ayudas al abandono de la actividad convocadas por el Ministerio de Transportes. La lista provisional publicada recientemente deja fuera al 80 % de los solicitantes, pese a cumplir con los requisitos exigidos. Solo 321 profesionales, de más de 1.800 peticiones, recibirán los 30.000 euros de ayuda, una cifra que vuelve a evidenciar la insuficiencia de un presupuesto que lleva tres años sin actualizarse. Desde Fenadismer, la indignación es clara: se reclama una respuesta institucional que esté a la altura del esfuerzo de quienes han sostenido con su trabajo el transporte por carretera en España.

La entrada en vigor del Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en 2020 ha obligado a que, desde 2025, todos los vehículos de transporte —tanto nuevos como usados— que realicen transporte internacional deban equipar el tacógrafo inteligente de segunda generación, y la fecha límite para realizar la sustitución está cada vez más cerca.

Más de 50.000 transportistas autónomos en España están en el punto de mira por lo que podría convertirse en un nuevo golpe a su ya castigada economía. La falta de actualización en las bases de cotización, dentro del sistema por ingresos reales, amenaza con reducir hasta en un 30 % su poder adquisitivo, afectando directamente a sus futuras pensiones y prestaciones. Fenadismer y Fetransa alzan la voz y reclaman con urgencia al Gobierno una corrección normativa que reconozca la singularidad de estos profesionales, especialmente vulnerables por su edad y por las condiciones particulares de su actividad en el sector del transporte por carretera.

El proceso de renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha reactivado un viejo debate dentro del sector: la necesidad urgente de garantizar una representación más justa, plural y transparente. Cuatro federaciones —Fenadismer, Fetransa, Feintra y Fitrans— han alzado la voz para exigir al Ministerio de Transportes que el nuevo reparto de representatividad no repita errores del pasado, donde el sistema benefició desproporcionadamente a unas pocas organizaciones en perjuicio del conjunto del tejido empresarial, especialmente de los transportistas autónomos y pequeñas empresas. Las entidades denuncian que el modelo actual no respeta el principio de “una empresa, un voto”, y reclaman una reforma que impida que las grandes flotas afiliadas a varias asociaciones inflen artificialmente los datos de representatividad.

La tecnología ha traído avances al transporte, pero también nuevas amenazas. En los últimos meses, bandas organizadas han comenzado a suplantar la identidad de transportistas reales para cometer robos de mercancía en plataformas logísticas y puntos de carga. El fenómeno, que ya representa el 1,5 % de los robos en Europa, preocupa profundamente al sector por sus consecuencias económicas y de reputación. La respuesta no se ha hecho esperar: cargadores y transportistas han unido fuerzas para diseñar un protocolo común que refuerce la seguridad sin añadir más burocracia.

En junio de 2025, los plazos medios de pago en el transporte por carretera se mantienen en 60 días, cumpliendo la ley. Sin embargo, el 53% de los clientes incumple esta normativa, afectando la viabilidad de las pymes del sector. Se requiere un régimen sancionador más efectivo para abordar la morosidad. La colaboración entre Fenadismer y la fintech Qonto, que facilita soluciones financieras a pymes y autónomos, ha sido clave para realizar este seguimiento mensual. El objetivo es visibilizar la evolución de los pagos, identificar a los sectores más incumplidores y aportar información útil a los transportistas.

Después de años de lucha y meses de espera, los conductores profesionales por carretera vuelven a tener motivos para creer en un retiro digno. El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que permite reactivar el procedimiento para que este colectivo —clave para el país, pero históricamente olvidado— pueda acceder a la jubilación anticipada. Una medida largamente reivindicada por asociaciones del transporte y sindicatos que, ahora sí, podría empezar a hacerse realidad. Porque quienes pasan la vida al volante también merecen llegar a destino con tiempo y con derechos.

En un momento en el que la falta de conductores amenaza con colapsar parte del engranaje logístico del país, el sector del transporte por carretera vuelve a alzar la voz. No es la primera vez que lo hace, pero ahora lo hace con más urgencia. Fenadismer y el resto de asociaciones que forman parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera piden al Ministerio de Transportes que dé un paso más allá y abra de verdad las puertas a quienes quieren subirse a la cabina de un camión, pero no pueden permitírselo. Las ayudas actuales no son suficientes, y eso, en cifras reales, significa que miles de puestos siguen vacantes mientras la demanda no deja de crecer. El mensaje es claro: si no facilitamos la entrada, no habrá relevo generacional. Y sin conductores, no hay transporte.

El transporte por carretera en España sigue reduciendo plazos de pago a transportistas, con una media de 63 días en marzo de 2025. Desde la entrada en vigor del régimen sancionador contra la morosidad en 2021, los plazos se han reducido en 20 días de media. En marzo, el 79% de los casos registraron excesos leves de entre 60 y 90 días, mientras que solo un 4% de empresas incumplieron gravemente, superando los 120 días.Este nuevo reglamento plantea reducir el plazo máximo de pago a 30 días y establecer un régimen sancionador para todos los sectores económicos. Su aprobación podría posponerse hasta el segundo semestre de 2025, bajo la presidencia danesa de la UE.

A pesar del apagón eléctrico en la península ibérica, la DGT mantendrá las restricciones a camiones durante el puente del 1 de mayo, generando críticas del sector del transporte. La CETM denuncia que esta decisión es injusta y afecta el suministro esencial, pidiendo una rectificación urgente.Según Fenadismer, la DGT solo ha levantado las restricciones para el transporte de mercancías peligrosas, vehículos de grandes dimensiones y otros recogidos en el anexo V de la resolución vigente, excluyendo al grueso de los camiones de mercancías. Esta flexibilización se aplicará solo el 1 y 2 de mayo, y no afectará a la Comunidad de Madrid, donde se mantienen las prohibiciones de circulación en franjas horarias concretas.

La UETR, junto a 32 organizaciones, solicita a la Comisión Europea un enfoque equilibrado para la descarbonización del transporte por carretera. Abogan por políticas que apoyen tanto la electrificación como combustibles renovables, garantizando equidad entre países y promoviendo inversiones en infraestructuras energéticas para una transición justa y competitiva.“Confundir objetivos con herramientas solo genera confusión y bloquea la innovación”, aseguran los firmantes, que critican la actual dispersión normativa entre países, la sobrecarga administrativa y la falta de armonización en la implementación de directivas europeas como REDIII o ETS2.

El Gobierno de La Rioja ha dado un paso histórico al incluir por primera vez ayudas directas a la compra de vehículos para el transporte de servicio público en su Plan Estratégico de Subvenciones 2025. Estas ayudas, impulsadas a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), contemplan una subvención a fondo perdido del 10% del valor del vehículo para unidades nuevas destinadas al transporte de mercancías por carretera, independientemente de su sistema de propulsión, incluido el diésel.

Fenadismer, junto al Ministerio de Educación, lanza un programa de formación gratuito en Madrid para desempleados, con el fin de abordar la escasez de más de 20.000 conductores en España. El curso ofrece el Certificado de Aptitud Profesional y busca asegurar el relevo generacional en el sector del transporte. La edad media de los conductores en España se concentra entre los 45 y los 55 años, lo que supone una clara amenaza para el futuro inmediato del sector si no se toman medidas urgentes. Fenadismer advierte de que, sin acciones decididas como este plan de formación, la falta de relevo generacional podría generar problemas críticos de operatividad en pocos años.

El Gobierno propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, respaldada por sindicatos y criticada por patronales. La reforma afectará a más de 12 millones de trabajadores y contempla multas de hasta 10.000 euros por incumplimiento. El sector del transporte expresa preocupación por su adaptación a normativas europeas. Aunque la norma ya ha sido publicada en el BOE, el Gobierno ha establecido un periodo transitorio que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas deberán cumplir plenamente con el nuevo límite de 37,5 horas semanales. Para facilitar esta transición, especialmente en sectores con condiciones laborales específicas como el transporte profesional, se ha previsto una adaptación progresiva de la normativa. En el caso de los contratos a tiempo parcial, aquellos que igualen o superen la nueva jornada pasarán automáticamente a ser considerados de jornada completa.

El Ministerio de Hacienda confirma que se mantiene el límite de facturación de 125.000 euros para autónomos en el régimen de módulos en 2025. A pesar de la incertidumbre generada por la no convalidación del Decreto-ley Ómnibus, se optó por una interpretación administrativa, asegurando la continuidad del régimen tributario.Como consecuencia, más de 30.000 transportistas autónomos y miles de profesionales de otros sectores se encontraron en una situación de inseguridad jurídica, sin certeza sobre su régimen tributario.

La Comisión Europea presentará una propuesta para electrificar obligatoriamente las flotas de camiones en la UE, buscando descarbonizar el transporte y modernizar el envejecido parque vehicular. Sin embargo, varios países, como Italia y Bulgaria, se oponen, abogando por la neutralidad tecnológica y advirtiendo sobre posibles distorsiones en el mercado.Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia europea para descarbonizar el transporte por carretera, aumentar la competitividad del sector automovilístico europeo y acelerar la transición climática.

El Observatorio de Morosidad en el Transporte por Carretera indica un aumento en los plazos de pago a transportistas, alcanzando 65 días en enero. El 56% de las empresas incumple la ley de morosidad. Los transportistas pequeños cobran más rápido que los grandes, y se espera vigilancia continua para proteger al sector. En cuanto a los métodos de pago más utilizados en el sector, la transferencia bancaria sigue siendo el más común, con un 73% de los pagos realizados mediante esta vía, seguido del confirming (23%), el pagaré (4%) y el cheque (<1%).

El Gobierno valenciano ha anunciado un plan de ayudas de 250 millones para afectados por la DANA, excluyendo a los transportistas. Fenadismer critica esta decisión, demandando un apoyo específico para compensar las pérdidas del sector, vital para la economía y la recuperación tras las inundaciones. Se ha creado una plataforma para gestionar reclamaciones. Ante esta situación, Fenadismer ha puesto en marcha una Plataforma de Transportistas Afectados por la DANA, abierta a todos los afectados, estén o no asociados.

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, fijado en 1.184 euros mensuales, impactará positivamente el sector del transporte de mercancías, reduciendo desigualdades salariales. Se debate la creación de un convenio colectivo único nacional para armonizar las condiciones laborales y garantizar estabilidad salarial entre conductores profesionales. Con un incremento del 4,41% respecto a 2024, el SMI queda fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas (16.576 euros anuales) y se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

El Gobierno de España anunció un incremento de 10 céntimos por litro en el impuesto al diésel –un 25% más que el actual– para equipararlo al de la gasolina. En un contexto en el que se consumen más de 25.000 millones de litros anuales, la mitad destinados al transporte profesional, las asociaciones del sector rechazaron de forma unánime la medida, alertando sobre su impacto económico negativo y la pérdida de competitividad. Durante una rueda de prensa en Bruselas, el Ministro de Economía manifestó su intención de aprobar la subida mediante Decreto-ley, pese a que intentos previos fueron rechazados en el Congreso, lo que ha encendido el debate y suscitado la posibilidad de movilizaciones contra la iniciativa.

El Gobierno aprobó un Decreto-Ley sin medidas tributarias, generando incertidumbre para más de 30.000 transportistas autónomos que esperaban prórrogas en el régimen de módulos. La falta de regulación ha dejado a muchos en un "limbo jurídico", afectando su continuidad y viabilidad ante nuevos desafíos fiscales.La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado que esta situación deja a miles de transportistas en un "limbo jurídico", ya que iniciaron el ejercicio fiscal con la expectativa de acogerse al régimen de módulos, pero ahora podrían quedar excluidos sin una alternativa clara.

El 60% de las empresas cargadoras e intermediarias incumplió la legislación de morosidad, con plazos de pago a transportistas promediando 69 días. Fenadismer participó en una asamblea europea donde 16 países se opusieron a un nuevo reglamento que busca establecer un plazo máximo de pago de 30 días. Sin embargo, un preocupante 8% de empresas continúa retrasando los pagos más allá de los 120 días, aunque este porcentaje ha disminuido en comparación con 2022, cuando superaba el 20%

El sector del transporte por carretera en España ha reducido el plazo medio de pago a 63 días en diciembre de 2024, mejorando respecto a los 83 días de 2021. A pesar de avances, el 48% de las empresas aún incumple plazos legales, afectando su solvencia financiera y reputación. Más allá de las sanciones económicas impuestas por la Inspección de Transportes, Fenadismer ha detectado una consecuencia adicional para las empresas morosas: su solvencia financiera se está viendo perjudicada.

El programa 'Cheque Moderniza' para la digitalización del transporte por carretera ha sido poco efectivo, con más del 50% de los 110 millones de euros sin adjudicar. Solo cuatro comunidades agotaron los fondos. A pesar del aumento en solicitudes, el sector lamenta la escasa utilización de estas ayudas.A pesar del repunte en la presentación de solicitudes durante los últimos meses de la convocatoria, con un crecimiento significativo en junio, los 48,9 millones de euros ejecutados están lejos de la previsión inicial.