Impuestos

El transporte por carretera sostiene buena parte de la financiación local en España a través de impuestos y tasas vinculadas a la movilidad. Según el último informe de la Fundación Corell, en 2021 este modo aportó más de 3.300 millones de euros, principalmente mediante el Impuesto de Circulación y las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Solo el IVTM generó más de 2.000 millones de euros para los ayuntamientos, de los cuales 376,5 millones correspondieron al transporte de mercancías, mientras que las ITV alcanzaron casi 1.300 millones de recaudación. Estas cifras consolidan al transporte por carretera como un contribuyente neto también en el ámbito local, aunque el informe advierte de que otros modos no asumen cargas impositivas equiparables, lo que reabre el debate sobre la equidad fiscal en el sector.

El transporte por carretera sigue siendo el gran sostén fiscal del sector en España. Solo en 2021 aportó más de 4.200 millones de euros en impuestos vinculados al consumo de hidrocarburos, según la Fundación Corell. Mientras tanto, otros modos como el ferroviario, marítimo o aéreo están en gran parte exentos de este tributo, lo que genera un claro desequilibrio entre quienes financian la mayor parte de la recaudación y quienes, pese a beneficiarse también de subvenciones y ayudas públicas, contribuyen en menor medida. Una situación que reabre el debate sobre la equidad fiscal en el transporte en pleno proceso de transición hacia modelos más sostenibles.

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) critica la falta de incentivos fiscales para combustibles renovables en la reforma fiscal de 2025, lo que impide reducir emisiones en el transporte. Piden medidas que fomenten su uso y competitividad, alineándose con políticas de otros países europeos.Los combustibles renovables, obtenidos a partir de materias primas alternativas como residuos agrícolas, forestales e industriales, tienen el potencial de disminuir la huella de carbono en un 82% .

La Diputación de Vizcaya ha decidido implementar peajes a camiones en sus autovías y carreteras, a pesar de la oposición del Gobierno estatal. Utilizarán tecnología para cobrar sin detenerse, generando un sobrecoste mensual estimado de 600 euros por vehículo. La medida es criticada por ser percibida como recaudatoria y perjudicial para los transportistas locales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal el tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos, ya que viola la Directiva 2003/96. Esta directiva prohíbe a los Estados miembros permitir tipos diferenciados de impuestos especiales basados en el territorio donde se consume el producto. Además, la normativa nacional no cumple con los requisitos de la Directiva 2008/118 para imponer gravámenes indirectos.

“El Transporte compite por la inversión con otros servicios y redes esenciales, como la sanidad, la energía y el agua”.

Por la decisión del Consejo de Gobierno Foral de Gipuzkoa de prorrogar los Presupuestos de 2023 para el año que comienza

Hoy martes tendrá lugar el último Consejo de Ministros del año 2023, y lo cierto es que tiene sobre la mesa una serie de asuntos sobre los que decidir que atañen directamente al Sector.

El ‘céntimo’ sanitario sigue dando que hablar en el Sector, a pesar de que hace ya casi una década (en 2014) que el Tribunal de Justicia Europeo declarara su ilegalidad.

La nueva legislación establece que deben proporcionar esta información antes del 31 de este mes para poder calcular su cotización real al RETA.

La Asociación subraya la desvinculación entre lo que se pretende gravar y el hecho imponible que se establece, al centrar el tributo en la facturación y no en unos beneficios extraordinarios que no existen; además indica una falta de marco legal para un beneficio público patrimonial temporal libre de impuestos, que es efectivamente una tributación indirecta que no se ajusta a los principios fiscales de la jerarquía constitucional o aspectos del marco legal español y europeo.

Y supondría una gran pérdida de competitividad para las empresas

La IRU denuncia que gravar en exceso a ciertos servicios por carretera, mientras se mantienen exenciones para modos más contaminantes como la aviación, genera distorsiones sin beneficios medioambientales. Esta situación impactaría especialmente en las microempresas de transporte, que difícilmente podrían absorber los costes adicionales sin recortar servicios o aumentar tarifas a los pasajeros. Además, la organización alerta sobre la complejidad administrativa y jurídica que supondría obligar a los Estados miembros a diferenciar fiscalmente entre servicios regulares y ocasionales, cuando a menudo se utilizan los mismos vehículos para ambos casos.

Para ello, la IRU pide que el artículo 16 bis de la directiva permita aplicar tipos impositivos reducidos de forma justa a todos los servicios de viajeros por carretera, evitando desigualdades que podrían frenar la sostenibilidad y accesibilidad del sector.

El transporte por carretera no solo financia sus propios costes de infraestructuras y medioambientales, sino que además genera un saldo positivo para las arcas públicas. Así lo confirma el último informe de la Fundación Corell, que subraya cómo este modo de transporte aporta más de lo que recibe, en contraste con el ferrocarril, el aéreo o el marítimo, que dependen en gran medida de subvenciones y ayudas públicas. El documento reabre el debate sobre la equidad en el reparto de cargas fiscales y apoyos entre los distintos modos, en un contexto en el que la transición hacia la descarbonización exige grandes inversiones y una planificación financiera más equilibrada.

El modelo de financiación de las infraestructuras viarias en España está cambiando de forma notable. Según el informe de la Fundación Corell, los ingresos de las concesionarias de autopistas de peaje se redujeron un 38 % en la última década, al pasar de más de 2.000 millones de euros en 2012 a 1.253 millones en 2021. La causa principal ha sido la reversión al Estado de varias autopistas tras finalizar sus contratos de concesión, lo que ha disminuido de forma considerable la recaudación directa vía peajes. Esta situación abre un debate de fondo sobre cómo garantizar la sostenibilidad financiera y el adecuado mantenimiento de la red de carreteras sin sobrecargar los presupuestos públicos ni generar desequilibrios entre los distintos modos de transporte.

En el competitivo mundo del transporte por carretera, cada céntimo cuenta. La posibilidad de recuperar el IVA y el impuesto especial del diésel puede representar un importante balón de oxígeno para muchas flotas, con ahorros que alcanzan miles de euros por camión cada año. Sin embargo, la burocracia, la diversidad normativa entre países y la complejidad documental hacen que muchas empresas renuncien a este derecho fiscal. Eurowag, compañía especializada en servicios para transportistas, ha desarrollado una solución integral que se encarga de todo el proceso, evitando errores y acelerando la devolución. Porque en un sector que vive bajo presión constante, recuperar lo que es tuyo no debería ser una carga extra.

La dirección de Auvasa y el Comité de Empresa han alcanzado esta mañana un acuerdo histórico que marca un antes y un después en la gestión laboral del personal de conducción de la empresa. El gerente Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja, junto al presidente del Comité, Arturo Barrull Sarmentero, y el secretario Antonio Espinilla Martín, han formalizado dos pactos que beneficiarán directamente a más de 450 trabajadoras y trabajadores de la compañía.

La UETR, junto a 32 organizaciones, solicita a la Comisión Europea un enfoque equilibrado para la descarbonización del transporte por carretera. Abogan por políticas que apoyen tanto la electrificación como combustibles renovables, garantizando equidad entre países y promoviendo inversiones en infraestructuras energéticas para una transición justa y competitiva.“Confundir objetivos con herramientas solo genera confusión y bloquea la innovación”, aseguran los firmantes, que critican la actual dispersión normativa entre países, la sobrecarga administrativa y la falta de armonización en la implementación de directivas europeas como REDIII o ETS2.

La Empresa Municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha dado un nuevo paso en su estrategia hacia una movilidad urbana más sostenible con la licitación de 14 nuevos vehículos híbridos. La operación, publicada el 11 de abril en la plataforma de Contratación del Sector Público del Ayuntamiento de Córdoba, cuenta con un presupuesto total de 6,6 millones de euros.

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció un aumento del impuesto al gasóleo de 10 céntimos por litro, lo que afectaría gravemente al sector del transporte en España. Las asociaciones de transportistas rechazan la medida, advirtiendo que comprometería la rentabilidad de pymes y autónomos, y piden alternativas viables.Desde el sector, las asociaciones y grupos de transportistas han mostrado un rechazo unánime a esta subida. Con más de 25.000 millones de litros de gasóleo consumidos anualmente –de los cuales aproximadamente la mitad se destina al transporte público de mercancías–, la medida afectaría a más de 170.000 vehículos.

La CETM rechaza la propuesta de la ACEA de obligar a los transportistas a adoptar vehículos pesados de cero emisiones, argumentando que limita la libertad empresarial y no reconoce sus esfuerzos en sostenibilidad. Abogan por combustibles renovables y un enfoque flexible que garantice viabilidad económica y diversas tecnologías.Para la Confederación, la propuesta de ACEA no solo es inviable, sino que limita la libertad de elección de las empresas. Por ello, solicita a las autoridades europeas que reconsideren su estrategia y opten por un enfoque más flexible y diverso

UPS ha anunciado sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2024, con ingresos consolidados de 25.300 millones de dólares, lo que supone un incremento del 1,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo consolidado alcanzó los 2.900 millones de dólares, lo que representa un aumento del 18,1% respecto a 2023 y del 11,2% en términos ajustados, mientras que las ganancias diluidas por acción fueron de 2,01 dólares y las ajustadas ascendieron a 2,75 dólares, un 11,3% más que en el cuarto trimestre del año anterior.

La Junta Directiva de Fegatramer se reunió en Santiago para discutir los desafíos del transporte en Galicia, como las Zonas de Bajas Emisiones y la falta de infraestructuras. También abordaron el impacto de impuestos al gasóleo, la escasez de conductores y la necesidad de formación, resaltando la importancia del sector ante la administración. Estas iniciativas representan un desafío significativo para el transporte de reparto y distribución, especialmente para pequeñas y medianas empresas que deben adaptarse a estas regulaciones sin apoyo suficiente.

La ATA advierte que 2025 será un año de incertidumbre económica para los autónomos en España, con crecimiento moderado y desafíos. En 2024, muchos enfrentaron dificultades económicas. Se prevé un PIB del 2% y la necesidad de políticas que reduzcan la carga fiscal y fomenten el emprendimiento.El aumento de los costes financieros, de producción y energéticos ha afectado al 75% de los autónomos, según el Barómetro de ATA. Amor también lamentó la falta de avances en medidas como el IVA franquiciado, que podría haber aliviado la carga fiscal de los trabajadores por cuenta propia​.

La Plataforma para los Combustibles Renovables, junto a la CETM, solicita incentivos fiscales para promover biodiésel, HVO y bioetanol en el transporte. Destacan su potencial para reducir emisiones y mejorar la sostenibilidad en España, que tiene baja cuota de energías renovables en este sector. Piden diálogo parlamentario sobre estas medidas. En contraste, la Plataforma ha criticado la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de aumentar los impuestos al biodiésel, argumentando que este tipo de combustibles cumplen con los estándares de sostenibilidad de la UE, reduciendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La Plataforma para los Combustibles Renovables ha solicitado a los grupos parlamentarios la inclusión de incentivos fiscales para los combustibles renovables en el proyecto de Ley del Impuesto Complementario. Según la entidad, estas medidas son esenciales para fomentar la producción y desarrollo de estas energías alternativas, en línea con las recomendaciones del informe sobre competitividad de la Unión Europea liderado por Mario Draghi.

El presidente Pedro Sánchez presentó un plan de respuesta inmediata ante la devastación causada por la DANA en Valencia, movilizando 15,000 efectivos y ofreciendo ayudas económicas significativas. Se destinarán más de 10,600 millones de euros para la recuperación, enfatizando la unidad política y la preparación frente al cambio climático.El Gobierno también ha anunciado la creación de una línea de avales de 5,000 millones de euros para facilitar créditos a empresas y hogares afectados por la DANA. Estas medidas se complementarán con moratorias y exenciones fiscales, que permitirán a los ciudadanos y negocios prolongar el pago de impuestos y suspender pagos de hipotecas, aliviando así la carga financiera que muchos enfrentan tras la tragedia.

El aumento del precio del combustible, impulsado por la inestabilidad geopolítica y regulaciones ambientales, afecta al transporte de mercancías. Esto incrementa los costos operativos y los precios al consumidor. Las empresas buscan adaptarse mediante la optimización de rutas y electrificación de flotas, mientras enfrentan un futuro incierto en el sector.

La comisión de licitación de Nantes Métropole ha adjudicado a la empresa Iveco Francia el contrato para la adquisición de nuevos autobuses eléctricos con batería. Este proyecto, destinado a reemplazar los autobuses en fin de vida útil y apoyar el desarrollo de la red Naolib, representa una inversión de 62 millones de euros sin incluir impuestos, y contempla la compra de hasta 70 autobuses.

En 2023, la industria automotriz en España generó 58.414 empleos directos y una inversión de 2.395 millones de euros. Se exportaron vehículos por valor de 39.514 millones de euros a más de 90 países, con un superávit comercial de 18.842 millones de euros. A pesar de desafíos, se produjeron 2,45 millones de vehículos, con una facturación total de 78.154 millones de euros para los fabricantes agrupados en Anfac. La recaudación fiscal ascendió a 39.514 millones de euros, destacando la importancia económica del sector. Aunque hubo avances en la electrificación y descarbonización, el mercado nacional aún no cumple con los objetivos de reducción de emisiones.