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Las estadísticas de 2016 en materia de seguridad vial hechas públicas por la Comisión Europea arrojan una disminución del 2% en el número de víctimas mortales. En dicho año perdieron su vida 25.500 personas en las carreteras de la UE, 600 menos que en 2015 y 6.000 menos que en 2010. Otras 135.000 personas resultaron gravemente heridas, según estimaciones de la Comisión.

La Comisión Europea presentó una iniciativa en el marco del programa Erasmus+, que consolida el apoyo al aprendizaje y la movilidad de los jóvenes europeos. Bajo el nombre de ‘Move2Learn, Learn2Move’, permitirá al menos a 5.000 jóvenes ciudadanos viajar a otro país de la UE de forma sostenible, ya sea individualmente o junto con toda su clase. Esta iniciativa puntual, que se enmarca en el 30º aniversario del programa Erasmus, guarda coherencia con dos de las principales prioridades de la Comisión: hacer de la juventud europea objeto de un interés renovado, y facilitar la movilidad de los ciudadanos de la UE, en particular la movilidad de bajas emisiones.

El pasado 15 de febrero se publicó el paquete de este mes de procedimientos de infracción de Derecho de la UE, donde la Comisión Europea ha tomado una serie de decisiones contra Estados miembros por vulnerar normativa UE, destacando la carta de emplazamiento enviada a España para que cumpla con la Directiva 2011/7/UE, de lucha contra la morosidad, para proteger y evitar pérdidas a las empresas en sus relaciones comerciales, en particular las pymes.

El pasado 1 de febrero, la Comisión Europea ha publicado una propuesta de directiva para modificar la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para actualizar y clarificar las normas sobre la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de camiones y autobuses. Los objetivos de la propuesta son contribuir al aumento de la seguridad vial y facilitar la movilidad de los conductores profesionales. Como principales novedades incluye la modernización de la formación, la optimización del consumo de combustible, y un mejor reconocimiento de la formación realizada en otro Estado miembro.

La Comisión Europea ha lanzado una nueva consulta pública sobre la revisión del Reglamento (CE) nº 1073/2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses. El cuestionario estará disponible para todos los públicos y en todos los idiomas a partir del 3 de enero de 2017.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acudió el pasado 1 de diciembre a la reunión del Consejo de Ministros de Transportes de la UE, celebrada en Bruselas, donde uno de los temas que se abordaron fue la próxima adopción de un nuevo paquete de carretera. En este sentido, el ministro tuvo oportunidad de solicitar un criterio común para el conjunto de la Unión en aspectos como el establecimiento de una representación en el país o el descanso de los conductores.

Comuto S.A., la matriz de la red social de viajes de coche compartido BlaBlaCar, presentó esta semana una denuncia a España ante la Comisión Europea por las prácticas administrativas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid contra la plataforma y dos de sus usuarios.

Ante el anuncio publicado por parte de la Comisión Europea de su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por presunto incumplimiento de la regulación española con lo dispuesto en el Reglamento europeo 1071/2009, por el que se establecen las condiciones de acceso a la profesión de transportista, al considerar que el requisito de flota mínima establecido en un mínimo de tres vehículos de transporte pudiera resultar desproporcionado y discriminatorio, Fenadismer va a solicitar al nuevo Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, la defensa activa de la actual regulación y ordenación del sector del Transporte por carretera en España.

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir los requisitos que han de reunir las empresas para operar en el mercado del transporte por carretera. Éstos se establecen en el Reglamento (CE) n.º1071/2009. Las empresas de transporte por carretera deben disponer de uno o más vehículos matriculados en el Estado miembro de establecimiento. La ley española, sin embargo, obliga a las empresas a disponer de al menos tres.

El RACE junto a la FIA Región I, encargaron a Delft la elaboración de un estudio para examinar exactamente cuánto cuestan las redes viarias a los gobiernos de los estados miembros de la UE en comparación con los ingresos que obtienen de los usuarios de las carreteras. La idea nació porque la Comisión Europea está considerando autorizar un cobro adicional para financiar la infraestructura y gestionar el uso de las carreteras.

La Comisión Europea ha anunciado el lanzamiento de la tercera ronda de convocatorias de propuestas del Mecanismo ‘Conectar Europa’ (CEF) para el transporte, con 1.900 millones de euros para financiar proyectos clave de transporte. 1.100 millones se reservarán para proyectos en los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión de la UE, con el fin de mejorar la integración de estos países en el mercado interior.

La Comisión Europea ha hecho público un informe sobre la aplicación del Reglamento (181/2011) sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar.

La Comisión Europea ha decidido llevar a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con el plan de las autoridades alemanas para introducir un sistema de tarificación vial para vehículos privados que, según la Comisión, es discriminatorio.

La Comisión Europea ha lanzado una primera convocatoria para invertir 40 millones en proyectos para contribuir a promover sinergias entre infraestructuras de energía y transportes.

La normativa propuesta incluye cambios en la regulación de las obligaciones de servicio públoc (OSP) en el transporte por tierra que según las asociaciones implicaría cierta inseguridad jurídica. Por ello estas asociaciones han pedido al Parlamento Europeo y a la Comisión que se retiren las disposiciones que afecran a las OSP.